Por: Jorge A Ferreira G.
No es posible soslayar la reiterada advertencia de evitar el desarrollo normal de las elecciones en el Estado de Guerrero y en el de Oaxaca, de manera particular en la que se centra en evitar la instalación de las casillas electorales para el día de la jornada electoral.
Esto es una grave advertencia en la que se pondrá en evidencia una vez más la debilidad del Estado Mexicano para ofrecer las garantías de seguridad que la población de esas entidades requiere, para ejercer su libre derecho al sufragio, tal y como lo establece nuestra Constitución.
De entrada, la autoridad electoral nacional (INE), vio disminuida su credibilidad cuando se levantaron de la mesa del Consejo General siete de los diez partidos registrados, sobre todo por el cuestionamiento acerca de su imparcialidad e independencia en su actuar al retirar de la mesa los proyectos de acuerdo de la orden del día y que trataban sobre las prohibiciones de programas sociales, imparcialidad y propaganda gubernamental, razón por la que el consejero presidente del organismo decretó un receso en la sesión.
Y con todo y que su presidente ha venido declarando que sí habrá elecciones en Guerrero y supongo que también en Oaxaca, que ya se adhirió a esa causa; que todo avanza conforme al calendario electoral es parte del discurso para crear una imagen, aunque falsa, de fuerza, de dureza, y de seguridad. La pregunta es: ¿cómo lo va a lograr? Sabemos que los guerrerenses son aguerridos en lo general y en lo particular los de la zona de conflicto están debidamente adoctrinados de tal suerte que son manejables y acuden con docilidad ante cualesquier llamado. De igual corte son los oaxaqueños. Si ya anunciaron que noi permitirán instalar las casillas el día de la jornada electoral, significa, más que una advertencia e incluso amenaza, una temeraria y preocupante provocación, de manera que para que ese día todo se dé, conforme a lo planeado, es evidente que se tendrá que solicitar el apoyo incondicional y decidido de la fuerza pública, es decir, el ejército, la marina y las policías locales. Por ser elecciones concurrentes. El problema a resolver no es fácil, y no sólo le compete al INE, es una responsabilidad y una función conjunta del Estado Mexicano, puesto que INE es un órgano del Estado. La situación no se concreta a meras declaraciones y discursos revestidos de dureza y con fundamento legal. Resolver, o dicho con mayor propiedad, garantizar que ese día se instalen las casillas en ambas entidades federativas no será miel sobre hojuelas.
No es fortuito que los padres de los 43 desaparecidos se hayan organizado y salido a protestar hasta la Capital del país, e incluso fuera de él, como lo están documentando los diarios de todo el mundo. Esa es una señal que lleva más fondo que forma, pues están abriendo el frente más amplio que jamás movimiento alguno haya abierto, con el único propósito de tener puestos los ojos de todo el mundo en México y de manera específica en la región de Guerrero y Oaxaca. Lo de evitar que se abran las casillas en esas dos entidades federativas, es la otra señal que lleva en sí misma, además del abierto reto al gobierno en su conjunto, el combustible para la mecha cuya chispa vendrá de cómo y con qué tacto actuará el Estado. El resultado, sin lugar a dudas, será el de una insurrección, que es finalmente lo que tienen pensado los maestros de la CENTE y sus seguidores, incluidas las familias de los desaparecidos la noche infausta de Iguala.
Hasta el día de hoy no se ve, al menos ante la inmediatez de todos los acontecimientos que hasta la fecha se han generado a partir de los 43 estudiantes desaparecidos, y que con evidente perversidad atrajo para su causa la bravucona y provocadora sección de la CNTE de Guerrero, ahora apoyada por la de Oaxaca, ambas bastante crecidas por la tibieza de quienes gobiernan. Basta traer al presente la ola incontenible e incontrolable de protestas que surgió mercede a la reforma educativa; protestas que los belicosos maestros trasladaron hasta la Capital de la República, para ejercer presión mostrando su fuerza y capacidad organizativa, buscando doblegar al gobierno y de lograrlo anular la reforma que tanto les incomoda.
Los consabidos disturbios y atropellos realizados en esa urbe y que nadie en ningún nivel de competencia gubernamental se atrevió, no digamos a disuadir, mucho menos a detener, quizá conscientes que de hacerlo, la sombra del 68 se vería disminuida por las consecuencias políticas, históricas y por supuesto electorales que generaría tal atrevimiento. La corta visión de los políticos del siglo XXI sólo les da para pensar en lo electoral, es decir, que todos los años, todos los meses y todos los días, y todas las horas con sus respectivos minutos y segundos, son electorales. Ese es su coeficiente intelectual.
La estrategia del gobierno fue la negociación con todo y que saben que la ley no es negociable.
Plantones, bloqueos de carreteras y muchas más violaciones de orden legal realizadas durante meses, son, para el gobierno, tan solo sucesos propios de lo cotidiano no sólo de una ciudad o de una entidad federativa, sino de todo un país. ¿Prudencia? ¿Miedo? ¡No! Las palabras justas serían ingobernabilidad e Impunidad, tanto en el ámbito de lo local como en el federal, lo que equivale a incompetencia para gobernar de los dos niveles de administración involucrados en esta surrealista puesta en escena, a la que observan como simples espectadores los gobiernos de Guerrero, DF, y de paso el federal.
Reforma educativa más Ayotzinapa equivale a una bomba de tiempo de proporciones inmedibles. Detrás del movimiento de los padres de los 43 desaparecidos en la noche de Iguala, es evidente que está la organización de los maestros de la CNTE, el modus operandi los delata.
Estamos a poco más de setenta días del 6 de junio, y no se advierte, porque no hay señal que así lo indique, cómo es que se va a garantizar el voto, digamos, para no ser agorero, no de las dos entidades federativas, tan sólo de aquellos distritos que están ubicados en las inmediaciones del municipio de Iguala, o bien, dentro de la zona del conflicto para ser menos fatalista.
Usar la fuerza del Estado el día de la Jornada, será lo indicado conforme a la ley, más ahora que Oaxaca también se ha pronunciado en el mismo sentido, pero al hacerlo no se pueden predecir las los efectos y las consecuencias. No hacerlo sería tanto como entregar la plaza a un, que pese a su inferioridad numérica, enemigo que sabe de su poderío y de los alcances de ese poder factico. Lo ha demostrado. Pero algo así equivaldría a que el Estado Mexicano fuese derrotado por una minoría calculadora, provocadora y altanera, pero muy bien adoctrinada, que sueña con levantarse en armas, influida por los fantasmas de Jenaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas que aún deambulan por las montañas del sur.
Una razón de Estado es un imperativo, de ser el caso de usarla, superior a cualesquier otro tipo de razón o derecho, incluso al que tanto se apegan ahora los que delinquen y son detenidos y juzgados y, gracias a ello, posteriormente liberados: los derechos humanos.
Hay que tener presente que lo más caro en política, es la sangre… la moneda está en el aíre.