John Ackerman/ La Jornada
México, D.F.- Enrique Peña Nieto es el principal responsable de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Desde el 1º de diciembre de 2012, el Presidente de la República en funciones se ha dedicado a desmantelar las instituciones del Estado y a debilitar la voz ciudadana en los asuntos públicos. En su lugar, el actual ocupante de Los Pinos ha establecido, con la activa participación de los partidos del Pacto por México, una mafiocracia
al servicio de los intereses políticos, económicos y criminales más poderosos del país.
La fuga de El Chapo y la adjudicación de los primeros contratos petroleros de la ronda uno a una empresa vinculada con la familia de Carlos Salinas de Gortari constituyen dos lados de la misma moneda. En ambos casos, grupos empoderados por y con fuerte representación dentro del mismo gobierno cobran su lealtad llevándose importantes activos a casa.
Peña Nieto gobierna de acuerdo con el viejo guión del autoritarismo priísta. Al llegar a Los Pinos, primero centralizó el poder en manos de sucamarilla
política de ex gobernadores feudales. Posteriormente, el Presidente negoció un perverso equilibrio político por medio del reparto del botín de las riquezas y las instituciones de la nación entre diferentes grupos de poder.
Miguel Ángel Osorio Chong ha señalado que la fuga de El Chapo fue resultado de una traición desde el gobierno
. El secretario de Gobernación tiene razón. El difícil equilibrio entre una pluralidad de mafias que había mantenido en su lugar al régimen actual empieza a resquebrajarse desde dentro.
La causa del naufragio nacional no sería entonces un deficiente control político desde Los Pinos o la existencia de un gobierno paralelo
infiltrado por el narcotráfico, sino el modelo de gestión dominante del gobierno federal, basado en el fomento de y el pacto con diferentes mafias de poder.
En este contexto, la respuesta no puede limitarse al terreno tecnocrático del fortalecimiento institucional
. Entre más se fortalecen las instituciones realmente existentes lo único que se logrará es consolidar el poder de las diversas redes de poder informal que hoy controlan cada uno de los respectivos organismos estatales.
La solución tampoco vendrá de fuera. El gobierno de Estados Unidos busca aprovechar la enorme crisis de legitimidad del gobierno federal para infiltrar y controlar aún más a las instituciones de seguridad mexicanas. Pero ello solamente agravaría la situación, ya que a las agencias de seguridad estadunidenses no les importa un ápice la paz y la justicia en México. Su único objetivo es administrar la violencia para garantizar que se mantenga al sur del río Bravo.
La mejor vía sigue siendo la de la articulación de un fuerte contrapoder ciudadano que logre conjuntar las diferentes frentes de resistencia popular dentro de un proyecto de transformación política nacional y nacionalista.
Es importante señalar que la derrota temporal del gobierno de Alexis Tsipras por el poder financiero europeo de ninguna manera ha deslegitimado el camino de la política de masas en México. Todo lo contrario. Un eventual gobierno popular mexicano tendría mucha más fuerza que Syriza en Grecia. México es uno de los países más grandes del mundo y cuenta con su propia moneda, enormes recursos naturales, así como una larga tradición de resistencia popular que rebasa por mucho la existente en la mayoría de los países europeos.
Ahora bien, un gobierno incapaz de asegurar la vigencia del estado de derecho en la sección más segura de la cárcel de mayor seguridad en el país es a todas luces un gobierno abiertamente cómplice con el crimen organizado. Sin embargo, por muy deseable que sea, ni Peña Nieto ni Osorio Chong renunciarán a raíz de su más reciente fracaso histórico. Como ya hemos visto con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, así como con los escándalos de la Casa Blanca y la residencia de Malinalco, el cinismo del régimen actual no conoce límites. La rendición de cuentas simplemente no existe en México.
La única forma de sacar los corruptos del poder será por medio de la acción social, la organización ciudadana y la intervención política. Evitemos la total desaparición del estado de derecho y la soberanía nacional trabajando todos y todas desde sus trincheras respectivas para lograr lo más pronto posible un verdadero cambio de régimen.