Senado urge a diputados dar certeza al papel del Ejército

Redacción

México, D.F.- En vista de que la sociedad no puede prescindir del apoyo del Ejército en tareas de seguridad pública, el Senado de la República urgió a la Cámara de Diputados a dar certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas para determinar con claridad en las leyes lo que pueden y deben hacer los militares.

Es urgente, imperioso y necesario que el Congreso de la Unión regule y establezca el marco normativo y la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, consideró.

Tenemos que regular la participación de las Fuerzas Armadas en aquellos casos en los cuales necesitamos que participen en una función civil. Es necesario, porque lo exige la sociedad, pero también porque lo necesitan las Fuerzas Armadas para realizar con certeza su función”.

En voz del presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, se precisa a los diputados que, en el tema, hay que “volver a empezar” porque la demanda social está creciendo y “la exigencia de una respuesta institucional es latente”, sobre todo porque una iniciativa de esta naturaleza está congelada en San Lázaro.

No es tan sencillo dejar o sacar al Ejército de las calles en el contexto que estamos viviendo, porque, suponiendo que regresen a los cuarteles, ¿cómo quedarían las calles y quién o quiénes los sustituirían, tomando en cuenta la debilidad institucional que hoy se tiene en muchas policías estatales y municipales?

No podemos prescindir de su apoyo y colaboración, porque el desafío es muy grande. Los criminales, las organizaciones del crimen organizado no solamente tienen dinero, sino tienen una altísima capacidad de fuego que no tienen las policías mexicanas.

En consecuencia, se requiere también que las Fuerzas Armadas participen y colaboren con las organizaciones de la sociedad civil y seguridad pública en razón del tamaño y condiciones del adversario que, en este caso, no sólo están bien armados sino bien financiados”, dijo Gil.

Se garantizó que los senadores trabajarán a marchas forzadas para corregir el rezago legislativo y que, dentro del plan de austeridad, se pretende ahorrar 35 millones de pesos en lo que resta del año.

Un debate que no concluye

El proyecto de Ley de Seguridad Nacional, congelado en San Lázaro desde 2011, generó fuertes críticas y debates entre el gobierno de Calderón y legisladores de oposición y ONG.
El panista insistía en regular la actuación del Ejército en el combate a la delincuencia; los segundos criticaban las facultades “ilimitadas” dadas al Presidente para decretar estados de emergencia, en aras de “la seguridad interior”.
La iniciativa establecía las bases de integración y acción coordinada de instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional, así como la forma y los términos en que las autoridades locales colaborarían con la Federación; “pero no establece las causas específicas y el procedimiento para que el Presidente disponga de la totalidad de la Fuerza Armada permanente para la seguridad interior”, enfatizaba la minuta.
En esa propuesta aprobada por el Senado se definían como amenazas a la seguridad nacional “(…) los actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria o genocidio, dentro del territorio nacional; (…) los actos que obstaculicen o impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; los actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación”.
Además, “todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de armas convencionales (…) los actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; y los actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para proveer bienes o servicios públicos”.
Se define en la iniciativa que las Fuerzas Federales las conforman la Fuerza Armada permanente, la Policía Federal y la Policía Federal Ministerial.
– El artículo 68 del proyecto, se establece que la seguridad interior se ve afectada “cuando existan actos o hechos que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad, la paz o el orden en una entidad federativa, municipio, delegación o región, y la capacidad de las instancias competentes sea insuficiente o ineficaz”. En ese contexto, el Presidente pedía la intervención.