Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- Los altos cobros al servicio del agua, la mala calidad de las obras y en general los dolores de cabeza que genera la concesionaria de agua de Aguascalientes aún persisten debido a una sesión legislativa registrada precisamente hace 20 años.
La noche del 30 de agosto de 1996, el Congreso del Estado avaló por mayoría ampliar el plazo de la empresa privada del servicio, extendiéndole un plazo hasta por 30 años para operar en la capital de Aguascalientes.
El servicio de agua potable fue privatizado en el sexenio del priista Otto Granados Roldán en 1993, entregando el control a la firma denominada Concesionaria de Aguas de Aguascalientes (Caasa), que tendría originalmente un lapso de 20 años para finalizar en 2013. Pero fue ampliado en una extraña ironía del destino con el PAN. El mismo PAN que unos años antes calificó de “diabólica” la concesión del agua, como expresó su ex presidente Arturo Díaz Órnelas en octubre de 1993 al diario Hidrocálido.
Todo cambio aquel viernes 30 de agosto de hace dos décadas, la mayoría panista en el Congreso aprobó aumentar de 20 a 30 años el periodo para la concesión del servicio del agua. El dictamen fue aprobado por los 13 sufragios de la bancada panista, a la que se sumaron dos más del PRI, desplazando ocho votos en contra. Además, se registraron dos abstenciones.
El dictamen había sido presentado por Alfredo Gómez Barrera, de la Comisión de Puntos Constitucionales, llevado a tribuna donde se generó un intenso debate entre los legisladores. Así, el panista Fernando Herrera insistió en avalar el documento y de paso acusó a sus compañeros de otros partidos por “carecer de ideas”, mientras que Fernando Alférez Barbosa, representante del PRD, estableció “la historia juzgará la mediocridad de este Congreso”.
Unos meses antes, el PAN había ganado las elecciones por la presidencia municipal de Aguascalientes, desplazando por primera vez al PRI. Alfredo Reyes, primer alcalde panista de Aguascalientes, llevó como bandera de campaña remunicipalizar el servicio del agua. La población confió en él.
Al final, Reyes Velázquez y los panistas no solamente no cumplieron con la promesas de remunicipalizar el servicio de agua. Al contrario, brindaron más poder a Caasa aumentando a 30 años el plazo de la concesión del servicio. Junto a un rescate económico con cargo al erario, que en su momento fue valuado en 230 millones de pesos.
Los subsecuentes presidentes municipales de Aguascalientes, lo mismo emanados del PRI o del PAN, cuestionaron en cada oportunidad a Caasa; pero reconociendo que retirarle la concesión a la empresa representaría una indemnización millonaria con la cual no contaba el ayuntamiento.
20 años después, Caasa sigue operando prácticamente a su libre arbitrio. Salvo en ocasiones cuando el Congreso le impidió aplicar cortes masivos del servicio. Pero en general, sin que alguna autoridad gubernamental o municipal le amarre las manos.
20 años después otra panista, Teresa Jiménez, también ganó las votaciones por la alcaldía de Aguascalientes con un viejo as bajo la manga. Jiménez se comprometió en campaña a remunicipalizar el servicio.
Tere deberá tomar protesta a finales de año, pero aún no aclara cómo conseguirá ese objetivo.