CNN
BRASILIA.- El presidente de la cámara baja del Congreso de Brasil, Eduardo Cunha, dijo este miércoles que aceptó una moción de la oposición para abrir los procedimientos para un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
Los partidos opositores que buscan que Rousseff abandone el cargo presentaron el pedido en septiembre, acusándola de violar las leyes fiscales del país y de manipular las finanzas públicas para lograr la reelección el año pasado.
Dilma Rousseff dijo que está convencida de la improcedencia del pedido de juicio político en su contra.
“Tengo la convicción y la absoluta tranquilidad en cuanto a la total improcedencia de ese pedido”, señaló en un breve discurso al país en el cual también se declaró “indignada” con la decisión del legislador Eduardo Cunha, su mayor enemigo político.
El propio Cunha, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) aliado al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, lucha por su supervivencia política ante llamados a su remoción y múltiples investigaciones por supuestamente recibir sobornos.
Pero su poder para iniciar los procedimientos para un juicio político le dan una ventaja frente a Rousseff y a la coalición gobernante, que se está desintegrando bajo el peso de la peor recesión económica en 25 años y un enorme escándalo de corrupción.
“La base de este (procedimiento para un juicio político) es puramente técnica”, comentó Cunha, quien desestimó la idea de que su decisión este motivada por asuntos personales o políticos.
Estos son los para que se produzca un juicio político contra un presidente bajo la Constitución de Brasil:
1) Cualquier ciudadano puede presentar un pedido de juicio político al Congreso.
2) El presidente de la Cámara de Diputados, la Cámara baja, decide si acepta el pedido. Una comisión especial conformada por miembros de todos los partidos estudia la presentación, que necesita los dos tercios de los votos del cuerpo -342- para que el Senado inicie un juicio político.
3) El presidente es suspendido de cara al juicio en el Senado, y el vicepresidente toma su puesto. El Senado tiene 180 días para desarrollar el proceso, liderado por el presidente de la Suprema Corte.
4) El Senado necesita las dos terceras partes de sus votos -54- para la destitución del mandatario.
5) Si el presidente es destituido no puede volver a presentarse en las elecciones para la primera magistratura por ocho años. El vicepresidente es confirmado como mandatario por lo que resta del periodo.
6) Si el vicepresidente también llega a ser destituido, el líder de la Cámara baja se convierte en mandatario hasta que se produzcan nuevas elecciones. Si el proceso se da tras la mitad del mandato, el Congreso elige quién será el nuevo mandatario.