Sin Embargo
Ciudad de México.– El Distrito Federal —llamado así hace dos años— gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrático (PRD) obtuvo el indiscutible primer lugar en violaciones a los derechos humanos de su población.
Durante 2014, ya de lleno en la administración del abogado Miguel Ángel Mancera, la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibieron 34 mil 194 quejas, más del 17 por ciento del total nacional, cuando en la Ciudad de México reside menos del 9 por ciento de la población nacional.
El segundo lugar fue ocupado por el Estado de México, donde ocurrieron 31 mil 168 denuncias, el 15.7 por ciento del universo, una proporción más acorde con la población mexiquense cuyo Gobernador, el priista Eruviel Ávila Villegas, guarda otra similitud con Mancera: ambos han enfatizado varias ocasiones sus deseos de gobernar México, un país considerado en “severa” crisis, “una pandemia” en el respeto a los derechos humanos según organismos internacionales como Human Rigths Watch (HRW) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Apenas en diciembre de 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), concluyó la integración de datos en materia de violaciones de los derechos humanos registrados durante 2014 por los 32 organismos públicos de las entidades y del nacional ocupados de la protección y defensa de los derechos humanos.
Durante 2014, el conjunto de defensorías recibió 197 mil 512 quejas entre el primero y el último día del año.
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El DF no sólo se abre camino por el número de quejas, sino también por hechos específicos violatorios a los derechos humanos: en la ciudad se registraron 21 mil 361 agravios, todos atribuidos a la autoridad central del gobierno.
El Inegi desglosa por tipo de daño.
La “ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria” es un renglón con un total de 64 víctimas.
El primer lugar lo ocupa Chiapas, con 38 decesos Dicho de otra manera: mientras que menos del 5 por ciento de los mexicanos viven en ese estado del sur, uno de los más pobres del país, más de la mitad de las muertes violentas atribuibles al Estado ocurrieron en la entidad gobernado por Manuel Velasco Coello, postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y quien también ha alzado la mano para ser Presidente de México.
La plata se la lleva Mancera, en cuya entidad se perpetraron 15 ejecuciones extrajudiciales, y el bronce Ángel Aguirre Rivero, ex Gobernador, también perredista, de Guerrero, con cuatro casos.
La base de datos muestra que en ese año, 2014, año en que ocurrieron los hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa, 421 personas murieron bajo la responsabilidad de entes de Gobierno en todo el país. De ese total, casi la cuarta parte, 93 fallecimientos, ocurrieron en la Ciudad de México.
Nuevamente, siguió el Estado de México, con 62 casos asociados a la actuación de funcionarios, incluso médicos negligentes.
Una anotación: mientras el Gobierno federal sostiene que los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron asesinados y quemados en el basurero del municipio de Cocula en las horas siguientes a su secuestro, facilitado por autoridades de iguala, este número no se refleja en la estadística del Inegi, órgano desconcentrado del Gobierno federal pues en Guerrero únicamente aparecen nueve privaciones de la vida.
El evento de Ayotzinapa tampoco aparece en el renglón de “Desaparición forzada”, lesión también cuantificada por el Inegi: nueve ausencias imputables al gobierno en el estado de Guerrero, entidad referencial de esa práctica tras la Guerra Sucia de los años sesenta y setenta, principalmente, cuando los presidentes priistas, de manera destacada Luis Echeverría Álvarez —quien también se asumía de izquierda— emplazó a la Brigada Blanca para desaparecer comunistas.
Casi medio siglo después, el Distrito Federal es donde más personas desaparecen según los datos del Inegi: 23 de 78 casos se han presentado aquí, casi la tercera parte.
En contraparte, el Estado de México no registra un solo asunto de este tipo. El segundo lugar en desaparición forzada en el país es ocupado por Jalisco, cuyo Gobernador priista, Aristóteles Sandoval Díaz, se incluyó en las quinielas presidenciales hasta el derribo de un helicóptero de la Marina por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado. Luego, Michoacán, con 14 asuntos, tierra de cárteles en guerra donde no hay gobernadores presidenciables desde Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuando militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La cuarta posición es para Sinaloa, con ocho ausencias relacionadas con la autoridad; Sinaloa sufre, históricamente, la violencia del narcotráfico entre organizaciones opuestas.
Es decir, tres de los cuatro estados con mayor número de desapariciones forzadas viven, de manera reconocida, una guerra de las drogas, en tanto que la entidad con mayor caso continúa en la negación de su gobernante, Miguel Ángel Mancera, de que la capital sea escenario de los cárteles en disputa.
Otro apunte: para ningún tipo de violación, el Inegi incluyó información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León luego de que ése organismo no proporcionó la información bajo los criterios de validación establecidos. Hasta ahora, Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador priista en 2014, ha sido reiteradamente señalado por diversos casos de corrupción aunque durante su administración se desbocó la colusión de autoridades, principalmente policíacas, con grupos del narcotráfico, de manera destacada el violento cártel de Los Zetas.
El Inegi contabilizó 3 mil 20 casos de “tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Y 648, entre la quinta y la cuarta parte, fueron contabilizados en la capital mexicana.
A lo lejos, con 291 expedientes admitidos por tortura, se observa a Quintana Roo, gobernador por el polémico priista Roberto Borge.