Martín Jáuregui informó que en la CEDH nunca se quejaron contra Felipe Muñoz

Angel Guardián

Colima, Col.- El Gobierno del estado de Colima precisó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes no tiene en sus expedientes ninguna recomendación en la que exista responsabilidad por casos de violación de los derechos humanos de Felipe Muñoz Vázquez, quien se desempeñó como procurador general de justicia en esa entidad entre 2010 y 2015.

“En el oficio 1300/2015 de la CEDH, el ombudsman de esa entidad, José Eduardo Martín Jáuregui, señala que ‘no se encontró recomendación en la que exista responsabilidad por violación a derechos humanos por acción u omisión del solicitante, en lo que consta del periodo 2006 a la fecha (11 septiembre 2015)’, puntualizó gobierno estatal a través de un comunicado.

Actores políticos han hecho señalamientos de supuestos abusos a violaciones de derechos humanos por parte de Muñoz Vázquez en la procuraduría de Aguascalientes, entre ellos Martha Zepeda, delegada del CEN del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Colima, quien vía Facebook publicó un video con imágenes y texto de un ejemplar de la revista Proceso, en el que acusan al exprocurador por supuesta tortura.

El oficio de la CEDH fue entregado al Congreso local este jueves (17) a las 9 de la mañana, en alcance al expediente facilitado a la Legislatura, cuando se presentó la propuesta de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez como procurador general de Justicia del Estado de Colima.

Además éste oficio, gobierno estatal entregó también al Legislativo otros dos oficios en los que se documenta que Muñoz Vázquez tiene acreditada y vigente la aprobación de la evaluación de los exámenes del Centro de Evaluación y Control de Confianza.

El pasado 2 de marzo, el Legislativo local rechazó la primera propuesta para procurador enviada por el Ejecutivo, pues la mayoría panista consideró que José Guadalupe Franco Escobar no cumplía con los requisitos legales para el cargo dado que, aseguraron, contaba con diversas averiguaciones previas en su contra por presuntos delitos, además de que su nombramiento no se había dado siguiendo el proceso legal adecuado.

Si el Congreso del Estado rechaza esta segunda propuesta, el gobernador Ignacio Peralta puede nombrar al procurador estatal sin necesidad del aval del Legislativo.