El Financiero
Ciudad de México.- Representantes del PRI, PRD y Morena consideraron que el aspirante del PAN a la gubernatura de Aguascalientes tiene que responder por el proceso judicial abierto en su contra por la permuta de varios terrenos en 2007, cuando era alcalde de la capital hidrocálida.
La diputada federal priista por Aguascalientes, Miriam Ibarra Rangel, acusó que “son falsos el discurso y la bandera de honestidad” de Martín Orozco, candidato del PAN al gobierno del estado, porque “sigue vigente y no ha concluido el proceso judicial en su contra por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias”.
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La única legisladora federal del PRI de aquella entidad indicó, en entrevista con El Financiero, que “el señor debe una explicación a la gente, no puede seguir engañando al elector de su estado, pues fue detenido por faltas a la ley e interpuso un amparo para evadir la justicia y después se escudó en el fuero como senador”.
Ibarra Rangel subrayó: “el senador Orozco es el menos indicado para hablar de eliminar el fuero constitucional, porque él fue precisamente quien lo utilizó para su protección”.
Insistió en que “no es tan limpio ni transparente como dice, tiene mucha cola que le pisen y aunque está amparado, el tema sigue y aún debe cuentas a la ciudadanía del estado”.
Aclaró que “si bien hay una competencia electoral cerrada en Aguascalientes, el PRI va arriba cuatro puntos en las encuestas y ganará la elección, pues son falsas las acusaciones en contra de su candidata, Lorena Martínez, de que falseó su declaración patrimonial”.
Para el PRD, el caso de Martín Orozco es claro: “debe rendir cuentas ante las autoridades”.
Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional perredista, señaló que “la Contraloría debe tomar cartas en el asunto y presentar las denuncias penales correspondientes, pues el tema de esos terrenos no es nuevo y al dejarlo pasar durante casi cuatro años, sólo abona al descrédito de las instituciones”.
El perredista señaló que “cuando se cometieron estos delitos, Orozco contó con todo un grupo que lo apoyó y que participó también en éstos, por eso es que en este caso se tiene que esclarecer y sancionar a todos los responsables”.
Para MORENA esto “es un claro ejemplo del contubernio entre el PAN y el PRI, pues al ser mayoría en el Congreso local, los priistas tuvieron el caso de los terrenos en sus manos y no actuaron”.
Yeidckol Polevnsky, secretaria general de ese partido, señaló que “ya se giraron órdenes de aprehensión, se le inhabilitó, pero si el PRI realmente tuviera interés en este caso, ya hubieran hecho algo para impedir esta inaudita candidatura”.
Dijo además que “si a Andrés Manuel López Obrador se le hubiera encontrado una décima parte de estos delitos, el escándalo hubiera sido nacional; no sé por qué tenemos que soportar que sucedan estas cosas con candidatos del PAN o de cualquier otro partido”.
PAN ASEGURA QUE SU CANDIDATO ESTÁ LIMPIO
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados defendió a su candidato a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Orozco, quien enfrenta desde 2010 un proceso penal por ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias.
El vicecoordinador parlamentario, Jorge López Martín, quien es además diputado por Aguascalientes, señaló que el caso del abanderado panista “es cosa juzgada” por las instancias jurídicas correspondientes, y ahora resulta penoso que el Partido Revolucionario Institucional insista en sacar a la luz pública este asunto.
Insistió que Orozco “está limpio” y ya fue “juzgado y exonerado” por el Poder Judicial de la entidad.
“Creo que es hoy una cortina de humo que pretende tender el PRI en su desesperación de que en las encuestas Acción Nacional va arriba entre 6 y 10 puntos”, sostuvo López Martín.
Y acusó que “es parte de la guerra sucia” porque el blanquiazul denunció a su candidata al gobierno del estado (Lorena Martínez Rodríguez) por falsear declaraciones patrimoniales –de sus propiedades que tiene en la Ciudad de México– y hoy es investigada de oficio por la Procuraduría General de Justicia capitalina, según el Folio 9521034.