Reforma
CDMX.- El Gobierno federal inhabilitó a dos importantes contratistas a los que acusa de mentir a Pemex Exploración y Producción (PEP).
Se trata de Sistemas Integrales de Compresión (SIC), que desde 2013 controla un contrato de 500 millones de dólares adjudicado por PEP para la compresión de gas amargo en el activo Cantarell, y de Integradores de Tecnología, una de las mayores proveedoras de tecnologías de la información del Gobierno federal y que forma parte del Grupo Altavista.
Las inhabilitaciones por ocho meses y 15 días para obtener contratos públicos, más multas de 10.4 millones de pesos, fueron impuestas el pasado 26 de julio, luego de un procedimiento sancionador que duró dos años.
En el caso de SIC, que forma parte del Grupo Nuvoil del empresario veracruzano Mariano Hernández Palmeros, la firma presentó cartas compromiso presuntamente falsas para sustentar su oferta.
“Las cartas compromiso fueron desconocidas por quien supuestamente las suscribió”, explicó el Órgano Interno de Control de PEP.
Integradores de Tecnología, en tanto, “presentó información falsa” durante la licitación.
Hasta ahora no se ha hecho público en qué licitación se presentó la información falsa, o si las empresas competían entre ellas -como era frecuente- o se presentaron en consorcio.
Entre 2005 y 2014, SIC obtuvo al menos 20 contratos de PEP que sumaron 550 millones de dólares y 865 millones de pesos, mientras que la empresa estatal contrató a Integradores en nueve ocasiones, por 140 millones de dólares y 90 millones de pesos.
El contrato de 500 millones de dólares con SIC no fue afectado por la inhabilitación, pero está en riesgo desde mediados de 2015, cuando un juez federal resolvió que esta empresa no debió ser adjudicada, ya que otra filial de Grupo Nuvoil también estuvo inhabilitada entre 2011 y 2013.
La sentencia del juez en ese caso lleva más de un año a revisión ante un tribunal colegiado de circuito, que no ha dictado la sentencia final.
Integradores, por su parte, promovió un amparo contra la sanción y obtuvo el 9 de agosto una suspensión provisional, aunque por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, lo único que los jueces pueden suspender es el pago de la multa, no así la inhabilitación.
La empresa también fue proveedora habitual de dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el sexenio pasado, y otra filial de Grupo Altavista, Interconecta, participó en el proyecto Enciclomedia de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Detectan engaño de proveedor
Una empresa del sector salud intentó engañar a Banobras en la licitación para el contrato de 270 millones de pesos de servicios médicos a sus trabajadores activos y jubilados.
Se trata de MediAccess Seguros de Salud, que desde enero pasado controla los servicios de salud de 108 mil derechohabientes de Pemex en 90 ciudades, gracias a un contrato de mil 200 millones de pesos.
MediAccess presentó una carta supuestamente firmada el 31 de enero por el Gerente de Servicios Médicos de Pronósticos para la Asistencia Pública, Juan Manuel Miranda, para acreditar ante Banobras la experiencia en contratos similares.
“Se tuvo conocimiento de que el servidor público en cuestión ya no fungía en dicho cargo desde principios de este año”, señaló Banobras.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) investigó el caso, y el pasado 8 de junio, Pronósticos informó que Miranda dejó el cargo el 1 de enero, y fue reemplazado por Nayeli Días Hernández, quien rechazó haber firmado alguna carta para MediAccess.
“Derivado de lo anterior, la autoridad competente determinó la falsedad del documento, por lo que Banobras deberá abstenerse de adjudicar el contrato correspondiente a este licitante (MediAccess), ello sin menoscabo de las acciones legales que resulten procedentes”, resolvió el 10 de junio el Gerente de Servicio Médico de Banobras, José Ramón Muñozcano.
Presentar documentos falsos en una licitación es causa de inhabilitación para obtener contratos públicos, aunque previamente la SFP tiene que desahogar un procedimiento sancionador.
El contrato de Banobras por tres años fue adjudicado a Axa, por lo que MediAccess promovió una demanda de amparo en la que intentó frenar la formalización del convenio.