Reforma
Benito Jiménez
CDMX.- Alberto Silva Ramos, diputado federal con licencia del PRI por Veracruz y vocero del Gobierno de Javier Duarte, llamó a la dirigencia de su partido a no adelantar juicios por los señalamientos por presuntos casos de corrupción.
“Como legislador federal, mi postura es clara: no pueden adelantarse juicios sumarios cuando la autoridad encargada está haciendo su labor de investigar una denuncia presentada contra Javier Duarte por un candidato del Partido Acción Nacional, en este caso Miguel Ángel Yunes Linares.
“Deseamos ver este mismo activismo de la dirigencia del PRI nacional para exhortar las investigaciones contra Yunes Linares, cuya corrupción y riqueza personal y familiar es por todos conocida”, exigió Silva a través de una carta publicada en sus redes sociales.
Para el vocero de la Administración de Duarte, Acción Nacional no puede fijar la agenda del PRI.
“En eso coincidimos un amplio grupo de legisladores federales que en su momento alzaremos la voz.
“Insisto, para determinar sanciones en contra de sus militantes, el PRI debe esperar lo que determine la autoridad competente y no adelantar juicios”, expuso Silva.
Reiteró que en la última elección federal, el PRI y sus aliados lograron el triunfo en 16 de 21 distritos y que, gracias a ello, es la segunda bancada más importante del Congreso federal.
“Javier Duarte es el candidato a Gobernador con más votos en la historia de Veracruz, con más de un millón 400 mil. Durante su mandato, el PRI y sus aliados recuperaron las senadurías que se habían perdido en la anterior administración y se logró mantener la mayoría calificada en dos legislaturas locales, así como en 85 por ciento de las presidencias municipales”.
El dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa, confirmó ayer que la Comisión de Justicia Partidaria se reunirá el lunes por la tarde para analizar las acusaciones de corrupción en contra de priistas que, dijo, le han fallado a la ciudadanía.
“La Comisión sesionará el día lunes y tendremos información entonces, pero el procedimiento que establecen los estatutos comienza por uno que puede implicar la suspensión de los derechos de aquellos militantes que no han cumplido con la transparencia y la rendición de cuentas, porque le han fallado a la ciudadanía”, advirtió Ochoa.