Sin Embargo
CDMX.– Como los ex mandatarios priístas César Duarte Jáquez, de Chihuahua, o Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa deja el Gobierno del estado con una de las cinco mayores deudas públicas de los últimos 20 años.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que Duarte de Ochoa fue incluso quien más se endeudó en 2012, año en el Enrique Peña Nieto ganó la Presidencia de la República, ya que el veracruzano obtuvo préstamos por 12 mil millones de pesos adicionales. El resultado: 40 mil millones de deuda pública en 2013, casi el doble de lo que había recibido en 2010.
Pero, además de aumentar la deuda, Duarte de Ochoa fue reportado en marzo de este año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el mandatario local con la mayor cantidad de recursos federales recibidos y no explicados: 35 mil millones 421 mil 700 pesos entre 2011 y 2014, el mayor monto con ejercicio desconocido de las 32 entidades de la República.
Cuatro mil 770 millones de pesos de estos recursos, agrega el reporte de la ASF, están además relacionados con “denuncias penales”; cantidad que no sólo es la mayor demandada de los 32 estados sino también casi la mitad de todos los recursos auditados y probablemente vinculados con ilícitos.
En este contexto, el anterior Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que presidía Manlio Fabio Beltrones Rivera, buscó removerlo desde entonces de su cargo de Gobernador; fue una decisión que se tomó antes de la elección del pasado 5 de junio y que pretendía enviar un mensaje “anticorrupción” previendo un castigo en las urnas.
Una visita de Duarte de Ochoa a Los Pinos en abril pasado, sin embargo, habría detenido el movimiento y, de acuerdo con la ex nacional dirigencia priísta, propició la posterior derrota del PRI ante el panista Miguel Ángel Yunes Linares.
El alegato de Duarte entonces ante el Gobierno federal, de acuerdo con la misma versión consultada, fue que “no olvidaran que el destino [de los recursos] había sido para la campaña” de Peña Nieto.
Pasada la elección del 5 de junio pasado, el mandatario electo Yunes Linares arreció la presión en contra de Javier Duarte y difundió información vinculándolo con diversos hechos de probable enriquecimiento ilícito, como la propiedad de una mansión valuada en 2.5 millones de dólares y ubicada en Texas.
En respuesta, Duarte de Ochoa vino a la Ciudad de México y, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), acusó a Yunes Linares de poseer más de 26 inmuebles y de ser tan criminal como el presunto narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Me queda todavía un cuarto de tiempo de lo que le va a quedar al próximo Gobernador”, advirtió entonces Duarte ante los medios que lo rodearon a su salida de la SEIDO.
“Mi relación ahorita con el PRI es muy buena. Soy militante de ese instituto político; respeto lo comentado y soy el principal interesado, efectivamente, en que se investigue cualquier acto de corrupción, que se llegue a sus últimas consecuencias, incluyéndome, y como lo dije anteriormente, como no debo nada, no temo nada”, agregó.
En el PRI, sin embargo, avanzó y sólo en su contra una denuncia interna interpuesta para expulsarlo del partido; demanda que incluye a los otros ex mandatarios priístas endeudados y también derrotados electoralmente –Borge Angulo, Duarte Jáquez y Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León–.
El pasado 2 de septiembre, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria anunció que había suspendido temporalmente los derechos como militante del veracruzano.
Y, ayer, Duarte de Ochoa anunció en un noticiero de Televisa que pediría licencia para que avanzaran las denuncias iniciadas en su contra.
“Durante mi desempeño como Gobernador Constitucional de este estado he procurado en todo momento servir al pueblo veracruzano fielmente y al máximo de mis capacidades”, dijo en luego el escrito oficial que entregó al Congreso.
De gira por Durango, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, recordó que fue su administración la que aprobó la suspensión de derechos del hoy ex mandatario y aseguró que el paso siguiente es exigir a las autoridades federales que continúen las investigaciones.
“Fue un hecho que acreditó los actos a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción que he propuesto como agenda como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI”, dijo Ochoa Reza.
“También exijo a las autoridades federales que continúen las investigaciones en contra de Javier Duarte, porque no debe quedar impune ningún acto de corrupción en el país. Que sea este un caso ejemplar a favor de las instituciones del Estado Mexicano”, agregó el ex director de la Comisión Federal de Electricidad.
Más información de la dirigencia precisa que, si bien la separación del cargo debió haber ocurrido desde antes de la elección de junio, la renuncia actual es de cualquier forma parte de una estrategia general impulsada desde el PRI como en previsión para que el voto de castigo que los derrotó este año no haga lo mismo en 2018.
SEXENIO VIOLENTO
Duarte de Ochoa no deja sólo un estado endeudado y con recursos públicos perdidos. Deja también un estado que en su sexenio vivió uno de sus periodos de mayor violencia de los últimos años, convertido en territorio de asesinatos masivos, entierros clandestinos, secuestros y, como en ningún otro estado mexicano, crímenes contra periodistas: 19 periodistas asesinados desde 2010.
Por eso, dice la periodista Norma Trujillo, de la renuncia de ayer del mandatario a la impartición de justicia en el estado que gobernó le falta todavía un largo camino.
“Es sólo un paso que no sabemos hacia donde va, porque pudiera tratarse de una estrategia para su salida, un poco triunfante para él mismo, porque pudiera usar este periodo de licencia para escapar, evadir la ley, irse a vacacionar a otro país y vacaciones”, dijo Trujillo en entrevista.
“No es motivo de júbilo para mí ni para nadie, sino una forma de decir al menos que esta pasando algo (…) Falta contemplar, que la exigencia vaya a las instancias federales, la Procuraduría General de la República, que realmente asuman ese papel, porque si hay denuncias tienen que llevarlas a cabo en este periodo, antes de que se vaya de vacaciones el Gobernador”, agregó Trujillo.
Coartar la libertad de expresión es precisamente uno de los temas por lo que Javier Duarte alcanzó celebridad internacional: durante su administración, que terminó ayer, 17 periodistas fueron asesinados y cinco más están desaparecidos, sin que en ninguno de los casos se conozca con certeza el motivo.
El control de la prensa local y sus buenas relaciones con medios de comunicación líderes a nivel nacional le ayudaron a sobrellevar las críticas de los grupos civiles, de la sociedad y de un puñado de medios independientes que, desde las primeras semanas de su Gobierno, advirtieron anomalías, desplantes furiosos y amenazas veladas.
En la lista de periodistas asesinados están incluidos la reportera Regina Martínez y el fotoperiodista Rubén Espinosa. Además, la entidad acumuló ocho recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2013 y 2015 por diferentes violaciones a los derechos elementales de sus ciudadanos.
En junio pasado, una investigación de Blog Expediente, basada en documentos oficiales del propio Gobierno de Duarte, reveló que su administración adeudaba entonces 400 millones 146 mil pesos a medios de comunicación, periodistas, agencias informativas, diarios locales y nacionales, publicistas y encuestadoras que el ahora Gobernador con licencia buscaba liquidar con recursos del 3 por ciento a la nómina.
Los datos se dieron a conocer mediante un informe enviado por el ORFIS [Órgano de Fiscalización Superior] a diputados locales integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, quienes protestaron al ver que muchas de las personas y empresas que reclaman facturas destacan porque sus dueños forman parte de grupos políticos aliados al PRI y a la administración de Duarte de Ochoa, o “pasaron los últimos seis años incrustados en el sistema”.
En la lista destacan medios de comunicación que vivieron con holgura bajo el mando del Gobernador priista.
El manejo de la publicidad por parte del Gobierno de Veracruz no fue cosa pequeña.
Cuando Gina Domínguez asumió la Dirección de Comunicación Social de la administración de Javier Duarte, esa oficina apenas tenía un presupuesto de 50 millones de pesos. Así consta en la Ley de Egresos para el estado de Veracruz de 2011. En cambio, el mismo documento, para este 2016, dice que a esa Coordinación se le dieron para ejercer 304 millones de pesos, de los cuales 124 millones serían destinados a difusión de la obra del Gobierno del Estado.
Es decir, que entre 2011 y 2016 el presupuesto para Comunicación Social en el Gobierno de Duarte incrementó en 452 por ciento; ni Seguridad Pública ni Desarrollo Social, menos Educación mostraron esos incrementos en el duartismo.
El documento elaborado por el Gobierno de Veracruz para el ORFIS destaca también algunos medios y periodistas que ayudaron a lanzar incienso al paso del Gobernador actual, a ocultar balaceras, muertos, desaparecidos, y a reportar hechos violentos como “asaltos” cuando en realidad en algunos casos, se comprobó después, se trató de ejecuciones donde policías de la entidad fueron protagonistas.
“Los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas son decepcionantes e ilustran los límites de este ejercicio y la ausencia de una verdadera voluntad política para sentar las bases garantistas para las libertades de expresión e información en el país”, dice el estudio Libertad de Expresión en Venta, elaborado en 2015 por Artículo 19 y Fundar. Desde entonces se documenta, mediante el mecanismo de trasparencia, cómo los gobiernos mexicanos emplean el dinero de la publicidad para castigar a medios críticos o premiar a dóciles, situación que se encontró también en Veracruz.
Pero los periodistas y comunicadores no fueron los únicos afectados durante el sexenio del priista: 56 por ciento de la población en este estado vive por debajo de la línea de bienestar, en pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Además, desde que Duarte asumió la gubernatura el 1 de diciembre de 2010 hasta abril de este año, 543 personas habían sido secuestradas, mil 762 extorsionadas y se registraron 4 mil 088 homicidios dolosos han sido perpetrados, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La crisis de las desapariciones en Veracruz es uno de las más cruda en el país. Grupos de buscadores, integrados por familiares, hablan de miles de muertos, desaparecidos y secuestrados que incluso han sido borrados de las estadísticas. Sólo en la última semana, el caso de los cuatro jóvenes desaparecidos y luego asesinados en Boca del Río alcanzo repercusión nacional e internacional. Fue la tragedia con que se despidió Javier Duarte, un rosario de miles de casos que comenzó el día en llegó al Palacio de Gobierno en Xalapa.