La Silla Rota
Pachuca, Hgo.- En siete años, 13 trabajadores del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH) han sido sancionados por cometer irregularidades en el desempeño profesional, pero sólo tres –dos jueces y un actuario– suspendidos, ninguno inhabilitado; el resto recibió amonestaciones que no restringen su labor. Los miembros de la judicatura no hacen pública su situación patrimonial, fiscal y de intereses porque, argumentan, trasgrede su privacidad; sin embargo, varios han sido acusador por emitir resoluciones inconsistentes y actuar fuera de la ley.
En el amparo 813 del juzgado tercero de distrito, iniciado por la detención de un padre de familia acusado de violar, asesinar y sepultar clandestinamente a su hija de 14 años, motivo por el cual, aunque fue detenido por el delito de “ultrajes a la autoridad”, pasó 720 días en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Actopan, se consideró que el juez Porfirio Austria Espinoza “no valoró de manera íntegra las pruebas” e incurrió en una “ilegal motivación” al acreditar un feminicidio con pruebas “inconsistentes” que presentaron dos agentes de la Coordinación de Investigación, entonces a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH): Jesús Castro Rojo y Valentín Eduardo Vázquez, acusados de fabricación y tratos inhumanos y crueles.
En el informe que ambos elementos entregaron, “prueba” que, junto al testimonio del padre —que acusó tortura, pero no se realizó el Protocolo de Estambul— es la única en la que se basó el juez para acreditar la responsabilidad del padre, ellos narran que bajo los efectos de la cocaína, el señor trasladó a la hija —sin atarla— en una motocicleta de tamaño reducido, por un camino escabroso, junto con una bolsa de ropa, una pala y un pico para cavar una fosa y enterrarla, sin que nadie lo observara, lo cual, a consideración del juez federal, carecía de verosimilitud.
Por falta de elementos para procesar el presunto responsable fue liberado el 15 de junio de 2016, ya que Austria Espinoza, según el abogado defensor José de Jesús Neri, no acató los ordenamientos de liberarlo 17 meses antes, cuando salió el primer amparo. No obstante, el juez no recibió sanción, sino que fue rotado al juzgado primero penal de Pachuca, por lo que Janeth Montiel Mendoza, a cargo del distrito de Actopan (donde fue radicada la causa penal 117/2014), emitió la sentencia.
En noviembre de 2015, el juzgado segundo de lo penal en Tulancingo ya había sido clausurado “simbólicamente” en una manifestación por las resoluciones de Porfirio Austria. En ese momento, una de las manifestantes acusó que en enero próximo se cumplirían dos años de que su hijo menor fue asesinado, probablemente por su ex pareja, pero no había fecha de resolución para sentencia.
Sin dar a conocer nombre, por el principio de presunción de inocencia, la Comisión de Disciplina del Poder Judicial reveló a La Silla Rota, a través del oficio número PJEH-3.12*8C.17.2/109-2016, que hasta septiembre de este año un juez ha sido suspendido, en junio, y un auxiliar administrativo amonestado por escrito, en febrero, aunque no menciona las faltas cometidas.
El historial de irregularidades penalizadas, sin embargo, comienza en 2010, en marzo y mayo, cuando dos secretarios recibieron una amonestación por escrito.
Según el documento firmado por José Antonio Ruiz Lucio, presidente de la Comisión de Disciplina, que es parte de la respuesta a solicitud de información 00208416, en 2011, aunque recibió tres amonestaciones por escrito y dos apercibimientos privados en agosto, septiembre y noviembre, un juez no fue suspendido pese a que “los motivos de las quejas” en su contra estuvieran “fundados”; es decir, el órgano facultado para emitir sanción consideró que las faltas (no explica cuáles) se habían cometido.
Otro juez, en febrero, marzo, agosto, octubre y noviembre de 2012 fue acreedor de cuatro amonestaciones por escrito y un apercibimiento privado, pero, a pesar del ejercicio contumaz en la no aplicación de la ley, y los “motivos” también “fundados”, siguió en activo.
En febrero y octubre de ese año un secretario tuvo dos apercibimientos privados y en abril un actuario mereció esa penalidad.
Mientras que en diciembre de 2015 un juez y un actuario fueron suspendidos. Un mes antes, un director de área fue destituido, inhabilitado para ejercer cargo público y sujeto a sanción económica, la sanción más alta en el periodo que coincide con el de los ex gobernadores Miguel Ángel Osorio Chong (2010) y José Francisco Olvera Ruiz (2011-2016) aunque en ninguno de los casos la Comisión de Disciplina revela el periodo y monto.
Antes, en abril, otro juez había sido amonestado y, sin especificar mes, el PJEH reconoce que un secretario actuó contra lo dispuesto en la ley de servidores públicos, pero no obtuvo penalización, aunque las quejas estaban “fundadas”.
El caso en el que se involucró Porfirio Austria podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –confirmó la familia agraviada– por la fabricación de pruebas en la que probablemente incurrieron los agentes de la Coordinación de Investigación y la resolución inconsistente que emitió el juez.
Un mes antes de que renunciara como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), La Silla Rota solicitó al PJEH las declaraciones patrimoniales inicial y final de Juan Manuel Menes Llaguno, quien obtuvo del ex gobernador José Francisco Olvera Ruiz la titularidad de una notaría en Tizayuca, y es fundador y propietario de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo.
Sin embargo, el Poder Judicial clasificó como “confidencial” esta información, ya que, consideró, pone en riesgo la integridad del magistrado, como, argumentó, también lo haría la difusión de sus preferencias políticas o religiosas, al igual que datos relacionados con estados de salud, mental y orientación sexual, a los cuales, igualmente, antepuso el título de reservados.