Proceso
CDMX.- Para concretar la venta de un Taurus 2012, Joel Sebastián Cancino, de 48 años, salió de Reynosa rumbo al municipio vecino de Díaz Ordaz al filo de las 2 de la tarde del 22 de julio pasado.
Cerca de las 16:00 se comunicó con su familia para avisar que ya había vendido el auto en 17 mil pesos, y les pidió vinieran a recogerlo. Quedó con su hijo menor y una de sus trabajadoras de esperarlos frente al motel Buda, ubicado muy cerca de la carretera que conecta a Díaz Ordaz con Reynosa.
Alrededor de las 17:00 horas arribó su hijo al sitio indicado acompañado de la mujer. En la zona se registraba una gran movilización de vehículos y helicópteros de la Marina Armada de México.
Metros antes de estacionarse frente al hotel, observaron cuando efectivos de la Marina interrogaban brevemente a Sebastián Cancino para luego subirlo con violencia a una de sus unidades, donde llevaban a otras personas detenidas.
Horas después su esposa comenzó el peregrinar por diversas dependencias para localizar a su marido, donde le negaban que estuviera preso. Dos días posteriores a su “detención” fue localizada una camioneta abandonada en una bodega en un ejido cercano a Díaz Ordaz.
Joel Sebastián apareció incinerado junto con otro hombre, quien fue identificado como Jonathan Camacho Perales. Las autoridades aseguraron que era Cancino porque encontraron su cartera cerca del vehículo, intacta, con su identificación del IFE, tarjetas de créditos de tiendas departamentales, licencia de conducir, etcétera.
13 muertos en tiroteos
Un día antes, el 21 de julio pasado, se registró un enfrentamiento entre presuntos miembros del Cártel del Golfo y policías federales en la comunidad rural de Raúl Muñiz, aledaña a Reynosa. Pistoleros que se desplazaban en cuatro vehículos intercambiaron disparos con los uniformados. Los tripulantes de tres de los vehículos lograron escapar, pero los del cuarto se enfrascaron en un nutrido tiroteo con los agentes. Al final de la refriega se reportó un saldo de siete presuntos miembros del CDG abatidos.
Para la mañana siguiente se registró una intensa movilización de fuerzas federales y estatales encabezadas por la Marina para localizar a los hombres que huyeron en los tres vehículos. Los efectivos buscaban en zonas aledañas a Díaz Ordaz y el operativo se extendió por toda la Frontera Chica hasta el municipio de Camargo.
En un camino vecinal de Díaz Ordaz, militares se toparon con presuntos sicarios que trataban de deshacerse de un cuerpo. Al verse descubiertos, los pistoleros comenzaron a disparar contra los elementos castrenses. La información que trascendió a la prensa fue que los pistoleros abordaron dos vehículos que “repentinamente se incendiaron”. Al menos seis hombres murieron incinerados,aseguró el parte oficial.
El portal estadunidense Breitbart Texas reportó que fuentes policiales le aseguraron “que los militares habían utilizado un lanzagranadas durante el enfrentamiento”.
Posteriormente se localizó la bodega donde estaban Cancino y un segundo hombre calcinados.
Sobre ese hallazgo, el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) se concretó a informar en un escueto comunicado: “A las 9:00 horas del sábado 23 de julio se reportó que en una bodega abandonada y ubicada en el poblado de Valadeces, perteneciente al municipio de Gustavo Díaz Ordaz, se encontraban los cuerpos calcinados de dos personas a bordo de un tractocamión”.
“Hasta el momento los cuerpos no han sido identificados. Se desconocen las causas del incidente y quién o quiénes hayan sido los autores del mismo. Personal de la Policía Ministerial Investigadora del municipio de Miguel Alemán y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional tomaron conocimiento de los hechos”.
Operativo para “levantar” civiles
Durante la movilización militar de los días 22, 23 y 24 de julio pasado, los efectivos de la Marina “levantaron” en el municipio de Díaz Ordaz, en Camargo y otros de la Frontera Chica al menos a una veintena de personas.
Sobre esa redada nada se informó. Esos operativos de la Marina, policías federales y estatales para privar de su libertad a civiles y los choques a tiros eran una más de las cotidianas escenas de violencia que se registran en Tamaulipas.
Esos hechos pasaron inadvertidos para la mayoría de la sociedad mexicana gracias al millonario presupuesto que manejó durante la administración del exgobernador Egidio Torre Cantú el director de Comunicación Guillermo Martínez, con el cual compró a los dueños de los medios locales y destinó onerosos contratos de publicidad para la “prensa nacional”.
Posteriormente de las capturas de la Marina y la policía estatal, decenas de familiares de los detenidos se presentaron ante las autoridades ministeriales de Díaz Ordaz en busca de ayuda para localizar a sus parientes.
Es el caso de Dionisia Galaviz Olivares, de 57 años, quien busca a su hijo Emilio Saavedra Galaviz, de 23 años, detenido a las 21:30 del viernes 23 de julio de 2016 en el ejido Puertecito, del municipio de Camargo, cuando se encontraba conviviendo con su hermano y otro amigo.
Los efectivos militares liberaron al amigo y al hermano, pero Emilio Saavedra fue golpeado y se lo llevaron detenido.
Galaviz Olivares denunció que los militares amenazaron con causar daño a su familia si hacía públicos los hechos. Hasta ahora se desconoce su paradero.
Emily Lizbeth Rentería Lerma, de 17 años, también se presentó al MP de Díaz Ordaz para denunciar que su esposo Juan Antonio Díaz Bocanegra, de 23 años, se encontraba descansando en su casa del ejido Marte R. Gómez, cuando cerca de las 8:30 horas del viernes 23 de julio llegaron tres patrullas y una camioneta blanca Chevrolet Tahoe blanca, donde los policías se llevaron a su cónyuge.
Los efectivos policiacos también amenazaron con regresar por ella y su familia si denunciaban los hechos.
Otra de las víctimas, Arely Treviño Salazar, de 18 años y esposa de Jonathan Camacho Perales, de 28, denunció ante las autoridades que se encontraban en el ejido Lucio Blanco cuando a las 2:00 horas del jueves 22 arribaron presuntos elementos de seguridad, quienes se llevaron a su marido.
Dos días después Camacho Perales fue localizado incinerado junto con Joel Sebastián Cancino. Fue identificado debido a que sus credenciales también aparecieron intactas en una zona de la bodega.
Arely Treviño desconfió de que el cuerpo incinerado que le entregaron fuera el de su esposo y solicitó a la delegación de la PGR en Reynosa que se realizara la prueba de ADN.
Entre los desaparecidos del 23 y 24 de julio del 2016 se encuentran también dos ciudadanos extranjeros: un estadunidense llamado Cenobio Guerra Gutiérrez y un joven originario de Costa Rica, Sergio Ricardo Jiménez Fallas, quien también apareció calcinado.
El Consulado de Estados Unidos en Matamoros se comunicó con la delegación de la PGR en Reynosa para conocer sobre el paradero de Guerra Gutiérrez, mientras que la embajada de Costa Rica buscó a Sergio Ricardo Jiménez.
“Las madres y esposas de los detenidos coincidieron en manifestar que si sus familiares cometieron algún delito que se les aplique la ley, pero que no los desaparezcan o los maten en ejecuciones extrajudiciales”, publicó en esos días el diario El Mañana de Reynosa.
Las familias igual anunciaron que solicitarían ayuda de la CNDH para localizar a sus familiares, ya que no confiaban en las autoridades locales para buscar justicia.
Sobre los casos de los desaparecidos en Díaz Ordaz, la CNDH no respondió la petición de Apro para conocer cuántas denuncias tienen sobre desaparecidos en ese municipio.
Cadena de irregularidades
A diferencia de la capital del país, donde medios de comunicación, organizaciones civiles y políticos exigen que los militares dejen de vigilar las calles, en Tamaulipas –y la región noreste–, los ciudadanos inician sus jornadas escribiendo en sus redes sociales bendiciones y oraciones para los efectivos de la Marina y Ejército Mexicano, ya que los consideran la única opción para combatir la inseguridad y la violencia que provocan el crimen organizado.
No obstante, esa confianza se continúa perdiendo día a día debido a los constantes “daños colaterales” y a las “equivocaciones” en las que los militares cotidianamente confunden a ciudadanos inocentes con criminales, durante sus operativos para combatir a los delincuentes.
En los casos de los detenidos por la Marina que posteriormente aparecieron incinerados existe una cadena de irregularidades para encubrir que fueron capturados por las fuerzas federales.
La Justicia Militar ya investiga el caso en la carpeta de investigación CI-SGJN/SC/NADV/2016-1.
Apro solicitó a la Secretaría de Marina información sobre la investigación, pero el departamento de comunicación no respondió a la petición que se hizo por escrito.
Además de ocultar el caso, autoridades de la PGR pusieron en marcha todo tipo de argucias para presentar como criminales a los desaparecidos y a los civiles que aparecieron calcinados.
Destaca el caso de Sebastián Cancino. La autoridad que debió investigar su asesinato era la PGR. No sobra decir que no realizó alguna investigación.
Peor aún, la fiscal Viridiana Guadalupe Pérez Merinos de esta dependencia se atribuyó funciones que no le correspondían y giró oficios al Registro Civil para que aceptara actas de defunción con irregularidades sobre los fallecidos Sebastián Cancino y del joven costarricense.
En un oficio de la delegación de la PGR, la fiscal Pérez Merinos ordena al oficial de Registro Civil de Reynosa:
“Gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se reciban los certificados de defunción con número de folio 160708377 y 160708378, modelo 2016, expedidos por la Secretaría de Salud, a nombre de los CC Joel Sebastián Cancino y Sergio Ricardo Jiménez Fallas respectivamente; a fin de que conforme a sus facultades, dé el trámite correspondiente a las respectivas actas de defunción”.
Las actas de defunción que la fiscal ordenó dar tramitar ni siquiera registraron la fecha de su muerte, entre otras irregularidades.
La fiscal también se encargó de presentar a los ciudadanos inocentes como miembros del crimen organizado.
El resto de las autoridades de Tamaulipas también protegieron a los marinos y los policías que desaparecieron a los más de 20 “detenidos”.
En una de las múltiples quejas, la número 227/2014, que se presentó ante la Comisión de los Derechos Humanos de Tamaulipas por casos similares a los de Díaz Ordaz, se precisa:
“Agentes de la policía estatal intervinieron en su desaparición, pero en la Secretaría de Seguridad Pública se niegan a proporcionar los datos de identidad de los policías que laboraron el día de los hechos, argumentando que es información confidencial”.
Esa era la constante durante la gestión de Egidio Torre Cantú. Desde la Procuraduría de Justicia se desalentó a que las familias denunciaran a sus parientes desaparecidos. Les recomendaban que no lo hicieran porque podría ser peligroso para ellos. Incluso muchos casos quedaron registrados con otros delitos como “robos”.
A pesar de los intentos de borrar de las estadísticas la violencia, Tamaulipas es la entidad del país con la mayor cantidad de personas de quienes se desconoce su paradero.
Las familias tamaulipecas padecen una gran tragedia humanitaria con padres, hermanos e hijos desaparecidos, ya que desde el 2010 a la fecha han desaparecido oficialmente más de 5 mil 450 personas.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que al menos existen unas 2 mil víctimas más cuyos casos no fueron denunciados, y por lo tanto no son reconocidas así por las autoridades.
Algunos de los familiares de Díaz Ordaz afectados decidieron hacer a un lado el miedo y los obstáculos que les impusieron desde la PGR y la SSP, a y ahora preparan denuncias contra los funcionarios ante la justicia federal y exigen al gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca que cumpla su palabra de atender los casos de los miles de desaparecidos.