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CDMX.- Tres de los cuatro testigos que declararon en el caso de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, murieron y un cuarto está en calidad de desaparecido desde el noviembre de 2016.
Ramiro Higuera Martínez, Edgardo López Munguía y Casimiro Mora Vázquez, quienes son testigos en la indagatoria 67/2017, fallecieron en distintas circunstancias, de acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a la que tuvo acceso el sitio mexicano de noticias Animal Político.
En tanto, Aurelio Parras Bustos, el cuarto testigo, desapareció el 2 de noviembre de 2016. Todos los hechos sucedieron en Ciudad Victoria, publicó el sitio
Las declaraciones de estos cuatro personajes, forman parte de las pruebas presentadas por la PGJ en la averiguación contra el exgobernador. Todas fueron tomadas el 19 de noviembre de 2013, de acuerdo con documentos a los que Animal Político tuvo acceso.
Sin embargo, la defensa del exgobernador acusó a la Procuraduría estatal de usar testigos falsos contra su cliente para iniciar un proceso penal en su contra.
Devolver una propiedad del estado
Eugenio Hernández deberá regresar el predio de 1,600 hectáreas en el Puerto Industrial de Altamira del que se apropio cuando era mandatario.
La propiedad del predio fue aprobada por el Congreso local en 2001 mediante un decreto, sin embargo, en él se establece que los terrenos serían desincorporados en caso de no fomentarse el desarrollo Industrial.
Hasta ahora, en los terrenos no se ha construido ningún tipo de infraestructura destinada a ese sector, por lo que el inmueble deberá ser regresado a la Hacienda estatal por destinarlo a un fin distinto al autorizado, publicó el diario Reforma.
El Juez Segundo Penal con sede en Ciudad Victoria, dictó auto de formal prisión este jueves en contra Hernández Flores, quien es acusado por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El decreto con fecha del 30 de mayo de 2001 fue aprobado por la quincuagésima séptima legislatura de Tamaulipas durante el gobierno de Tomás Yarrington.
Yarrington apoyó en el Congreso del Estado que se entregaran las 1,600 hectáreas que había donado el gobierno federal a dicho fideicomiso.
El lote fue adquirido por un costo de 16 millones de pesos, cuando el valor real ese año era de 866 millones de pesos, mientras que actualmente es de 1,584 millones de pesos.