Redacción
Nuevo León.-Diputados locales aprobaron sancionar al Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón y a Manuel González, Secretario General de Gobierno con lo que se descarta totalmente la posibilidad de un juicio político hacia los funcionarios mencionados y se impondrá una sanción directa.
El pleno del Congreso aprobó por mayoría con 37 votos a favor, dos abstenciones, las reglas procesales que previamente se avalaron en la Comisión Anticorrupción para establecer una sanción en contra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, y Manuel González, secretario general de Gobierno.
Manuel González y Jaime Rodríguez están acusados de desvío de recursos públicos en la recolección de firmas para la candidatura presidencial del “Bronco”.
En el acuerdo se estableció que Jaime Rodríguez Calderón y Manuel González tendrán un derecho de audiencia previó a que se establezca la sanción, que podrá ser: una amonestación, una multa económica, la destitución y la inhabilitación.
“El Pleno Legislativo será el órgano encargado en su caso, de aprobar el dictamen e imponer la sanción que corresponda, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, su Reglamento aplicable y las reglas procesales emitidas para el caso.
“Se deberá otorgar derecho de audiencia a los Ciudadanos Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y Manuel Florentino González Flores, a fin de que expresen lo que a su derecho convenga”, señala el dictamen.
Los diputados determinaron que la decisión de la comisión y del Pleno no podrá ser impugnable, además de que podrán designar al personal jurídico auxiliar.
“No procederá recurso alguno o medio de impugnación en contra de las resoluciones y acuerdos que determine la Comisión durante la sustanciación del procedimiento. La Comisión podrá autorizar la designación de personal jurídico o administrativo que sea necesario para auxiliar en la sustanciación del procedimiento sumario, quienes estarán obligados a guardar reserva y secrecía procesal.
“La Comisión podrá autorizar la designación de personal jurídico o administrativo que sea necesario para auxiliar en la sustanciación del procedimiento sumario, quienes estarán obligados a guardar reserva y secrecía procesal”, indica el escrito.
Con información de Milenio