Comunicado
Ciudad de México.-Desde la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, exhortamos al titular del Ejecutivo Federal, a que aclare su fuente de información, toda vez que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece el secreto fiscal, el cual protege la información de los contribuyentes obtenida por las autoridades en el ejercicio de sus facultades.
Cabe mencionar que, si hubiera una violación al secreto fiscal, esto podría ser clasificado como un delito a la luz de los artículos 69, 111, 114-A y 114-B todos del Código Fiscal de la Federación. Además de una clara violación al artículo 16 constitucional en lo que se refiere al derecho humano a la protección de los datos personales.
La información sensible, independientemente de su fuente, respecto de cualquier ciudadano no debe ser revelada y menos aún difundida por el Titular del Ejecutivo Federal, ya que se pone en peligro la integridad, la seguridad y privacidad de la persona y vulnera el Estado de Derecho.
Además de lo anterior, los actos de hoy del titular del Ejecutivo Federal constituyen una intimidación a la libertad de expresión y al derecho a la información, los cuales, en opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son derechos centrales en un estado democrático constitucional y tienen una doble faceta: por un lado, aseguran a las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía y, por el otro, gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa.
De la mano de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, y exigen que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
Para las y los mexicanos es fundamental tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas no solo como instancia esencial de autoexpresión y desarrollo individual, sino como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales -el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y ser votado- y como elemento determinante de la calidad de la vida democrática en un país. Si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que el Estado los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático.
Si en México no tenemos asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, entonces nuestra democracia está en peligro.