Redacción
México.- Con penas de 8 a 15 años de prisión se sancionará a quien obligue, coaccione, induzca o gestione la cohabitación forzada de menores de 18 años con alguien de su misma condición o con mayores de edad, luego que el Senado aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal.
Se debe comentar que el dictamen establece que el matrimonio o la unión forzada atenta contra el interés superior de la niñez y afecta sobre todo a jóvenes en condiciones de pobreza y que pertenecen a grupos indígenas y de afrodescendientes.
Al respecto el senador de Morena, Daniel Gutiérrez Castorena dijo que siendo una problemática que podría calificarse como abominable, actualmente es una práctica frecuente en diversas regiones del país.
Por su parte, Geovanna del Carmen Bañuelos, representante del Partido del Trabajo, retomó datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, para destacar que en ese año más de 230 mil jóvenes de entre 12 y 17 años se encontraban casadas o unidas, lo cual representa casi 4 por ciento de la población femenina en dicho rango de edad.
Subrayando que en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Tabasco esta práctica es frecuente, expuso al destacar que debe condenarse la prevalencia de los matrimonios forzados sin importar que se esgriman los usos y costumbres.
En su intervención, el senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín calificó la iniciativa como oportuna, porque en el afán de corregir, los legisladores prohibieron el matrimonio forzado, sin embargo, la costumbre le encontró una vuelta que lo hizo todavía más cruel y peor: la unión sin necesidad de estar casada, pero ya está obligada a cohabitar, a prestar servicios sexuales y a trabajar para suministrar servicios económicos.
En tanto que por el PAN, la senadora Josefina Vázquez Mota apuntó que este cohabitar forzoso entre un adulto y una niña debe acabar. Recordó que México se encuentra entre los ocho países del mundo donde se permite el matrimonio infantil.
Asimismo se precisa, que además de la pena de cárcel, la reforma plantea multas económicas de entre mil y 2 mil 500 días, y esta cifra se elevará hasta en una mitad, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
*Con información de La Jornada