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Ciudad de México.-Hace unos días, el Ejecutivo federal mandó una iniciativa de reformas de amplio calado, que podrían considerarse de las de mayor impacto económico en su sexenio, pues reduce las inversiones privadas y el Estado de derecho a la voluntad discrecional del gobierno.
Como señala Agis Negocios, la reforma amplía los causales de revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias cuando los hechos afecten el interés público, general o social, causen algún tipo de desequilibrio económico, social, ambiental o de cualquier índole. Con los cambios, todos los contratos de adquisición y obras públicas que celebre la Administración Pública Federal (APF) en el ámbito nacional e internacional deberán incluir una llamada “cláusula exorbitante”, con la que se podrá dar por terminado de forma anticipada esos contratos por causa de “interés público”.
Los cambios limitan las indemnizaciones cuando haya condenas desfavorables a la APF en procedimientos jurisdiccionales o arbitrales, en el ámbito local e internacional. El gobierno podría, como de hecho hizo anteriormente por decreto presidencial, adquirir bienes en licitaciones internacionales sin haber agotado las licitaciones nacionales como hasta ahora marca la ley. Esto podrá ocurrir cuando las “investigaciones de mercado” evidencien que se pueden obtener mejores condiciones de precio, cantidad y calidad en el extranjero.
Los cambios buscan reforzar los límites a las remuneraciones de servidores públicos, incluidos quienes trabajen en órganos constitucionales autónomos. Asimismo, la reforma contempla dar al Ejecutivo Federal la posibilidad de dar asignaciones indefinidas para la prestación de servicios públicos a entidades paraestatales en materia ferroviaria y de vías generales de comunicación.
En cuanto a obras públicas y servicios relacionados, la iniciativa busca también asentar en ley la conducta del actual gobierno de “evadir” ciertas disposiciones y responsabilidades legales cuando edifique obras de infraestructura prioritarias, como han sido la construcción de la refinería Dos Bocas, el Tren Maya o el Proyecto del Istmo de Tehuantepec. Bajo la nueva figura, esas y obras futuras podrían realizarse de forma “ágil e inmediata” cuando sean de notoria y urgente necesidad para el desarrollo económico y social del país, así como para la defensa y la seguridad nacional, evitando tener que cumplir con requisitos que marca la ley.
En conclusión, para algunos expertos, los cambios a las leyes permitirán anular actos administrativos cuando se consideren ilegales o hayan sido producto de actos de corrupción; o bien cuando de manera discrecional las autoridades indiquen que esos actos afectaron el interés público –general o social–, causen desequilibrio económico, social, ambiental o de cualquier otra índole.
Esta iniciativa, de ser aprobada y confirmada en tribunales, podrá hacer presumir a López Obrador, que desde ahora, el Estado de Derecho se maneja desde Palacio Nacional. Pero, como muchos de los actos de desgobierno del actual gobierno, ¿por qué se presentan al inicio de las vacaciones de Semana Santa? ¿Serán para dar el madruguete? ¿Se da cuenta López Obrador que podría ser el tiro de gracia para alejar las inversiones extranjeras que tenían planeado venir a México como consecuencia del nearshoring? Una iniciativa que merecerá muchas mañaneras de explicaciones, si AMLO fuera, en lugar de un maquiavélico político, un auténtico rendidor de cuentas.
Con información de El Economista