Redacción
Ciudad de México.- Entre ausencias de legisladores de oposición, el pleno del Senado le tomó protesta a Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La primera integrante del máximo tribunal designada por el Presidente de la República en 106 años, ofreció regresar a la Tesorería de la Federación el excedente de las remuneraciones que le paguen en su nuevo encargo.
En la exposición que hizo ante el pleno la madrugada del jueves, antes de las dos rondas de votación en las que la oposición rechazó la terna enviada por el Ejecutivo federal para ocupar la vacante que dejó Arturo Zaldívar, dijo apostar por una reforma judicial que permita a los ciudadanos elegir a los ministros mediante voto directo, además de castigar a los jueces por encarcelar o liberar personas de manera injustificada.
Luego de criticar al Poder Judicial de la Federación al considerar que está lejos del pueblo, agregó que buscará que se les retiren asuntos ante conflictos de interés o conducta dudosa, e implementarles controles financieros, como la realización de auditorías.
Aunque al final no alcanzó los 81 votos necesarios para ser designada por el Senado, Lenia Batres superó en las dos rondas a sus compañeras de terna, Bertha Alcalde y María Eréndira Cruz.
Expresó su deseo de que el Poder Judicial sea reformado: “Debe revisarse la forma de designación de ministros y ministras, con la posibilidad de que sean electos popularmente. Las personas juzgadoras son servidoras públicas, deben responder a las necesidades populares; es decir, a la democracia y desecharse de una vez por todas el injustificado dogma que le asigna cualquier otra función.
Por eso, tienen que someterse a control administrativo como la rendición de cuentas y la transparencia, sanciones por rezago en sus resoluciones, control político como la presentación de comparecencias o informes”, aseguró.
Planteó que “por ejemplo, ante el Congreso, control jurisdiccional, con sanciones en caso de corrupción o prevaricato, límites en el alcance de sus interpretaciones, obligación de reparación de daños ante el encarcelamiento o liberación de personas de manera injustificada, retiro de asuntos por conflictos de interés o conducta dudosa y control financiero como la realización de auditorías”.
Con información de Excelsior