Gobierno de AMLO duplicó endeudamiento, pero recortó gasto en salud y seguridad pública

Comunicado
Ciudad de México.- En contraste con la austeridad que ha afectado a rubros como salud, seguridad pública y las transferencias a los estados y municipios,el presupuesto de entes militares como la Sedena, Marina y Guardia Nacional se expandió en este gobierno: erogaron 41.5% (61.5 mil mdp) más en comparación con lo registrado al cierre del sexenio pasado, así lo advierte un análisis presentado hoy por México Evalúa. 

De acuerdo con la organización, al cierre de 2023 los organismos militares ejercieron 239% más recursos que los ramos civiles dedicados a la seguridad, cuando en 2018 esta brecha era de 17%. Además, su control de ahorros públicos o fideicomisos aumentó 1077% frente a 2018. Con este análisis México Evalúa profundiza el análisis que recientemente evidenciaron centros de investigación y organizaciones de la sociedad sobre la situación fiscal del Gobierno federal.

“Esta administración se ha caracterizado por la militarización del gasto, el deterioro de las empresas públicas, el abandono de la salud, un mayor endeudamiento y un menor crecimiento de los ingresos públicos. El próximo gobierno deberá hacer modificaciones a la estructura del gasto para que los derechos de los ciudadanos se vean reflejados”, apuntó Mariana Campos, directora general de México Evalúa en conferencia de prensa.

El análisis advierte que este sexenio cerrará con el menor  crecimiento de ingresos públicos de las últimas cuatro administraciones, ya que éstos han aumentado sólo 6.7% en los últimos cinco años. Y aunque en 2023 la recaudación tributaria se expandió notablemente, no fue suficiente para contrarrestar la caída de los ingresos petroleros, los cuales fueron de 1.07 billones de pesos, 31% menores a los de 2022 y el segundo peor monto en los últimos 15 años.

La falta de ingresos públicos derivó en recortes discrecionales que comprometen directamente los derechos de la población, como el observado en la Secretaría de Salud, de 49.5% (103.8 mil mdp) o el de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de 47% (47 mil mdp).

El reporte alerta también sobre el nivel de endeudamiento: al cierre de 2023, los Requerimientos Financieros del Sector Público fueron de 1.36 billones de pesos o 4.3% del PIB, prácticamente el doble del endeudamiento observado al final del sexenio anterior, cuando fue de 2.2%. Además, el pago de intereses y servicio de la deuda ha llegado a un máximo no visto desde la década de los 90, con 1.04 billones de pesos o 3.3% del PIB.

Al revisar la gestión de empresas públicas, México Evalúa detectó importantes deterioros financieros, como la caída en los ingresos de Liconsa y del Servicio Postal Mexicano –de 24% y 46.5%, respectivamente– o el déficit de 15,443 millones de pesos con el que ha operado la Comisión Federal de Electricidad durante este sexenio. Ante este panorama, se advierte un futuro poco promisorio para las empresas creadas en esta administración, como el Tren Maya, LitioMX, o la nueva Mexicana de Aviación.

En cuanto a Pemex, la organización señala que la producción de crudo sigue sin despegar, siendo menor a la observada en 2018. En 2023 se estimó una plataforma petrolera de 1,872 miles de barriles diarios, pero se promediaron sólo 1,652 mbd. Esto, a pesar de que los apoyos fiscales a la petrolera se triplicaron frente a lo observado en el sexenio de Peña Nieto. El gobierno anterior otorgó a Pemex 452 mil mdp en transferencias financieras vía la Secretaría de Energía, mientras que el gobierno actual le ha dado 944 mil mdp. Además, Pemex ha recibido un apoyo de 548 mil mdp por reducción de su carga tributaria, por lo que el apoyo fiscal total asciende a 1.5 billones de pesos, sin que estos beneficios se reflejen en una mejora en su inversión o patrimonio.

Ante este panorama, México Evalúa formuló una serie de recomendaciones, algunas de ellas son:
Condicionar los apoyos del Gobierno a Pemex a una mejora en la gobernanza de la empresa, modelo de negocio y situación financiera.

Crear un Consejo Fiscal que emane del Poder Legislativo para evaluar la política fiscal, con capacidad para hacer estudios de impacto presupuestarios sobre las propuestas o renuncias recaudatorias, considerando el contexto macroeconómico.

Mejorar los mecanismos de control para limitar los recortes discrecionales al gasto público aprobado por el Congreso.

Alinear correctamente el endeudamiento con la inversión productiva del Estado, para generar mayores ingresos públicos en el futuro.

El análisis fue presentado en conferencia de prensa, en la que participaron Sofía Ramirez, directora de México,¿Cómo vamos?, y Enrique Díaz-Infante, catedrático de la UNAM.