Forbes
Ciudad de México.- De 2019 a la fecha se han mantenido prácticas de riesgo en las dinámicas de compras públicas, lo que puede afectar el presupuesto público y la calidad de los bienes y servicios que recibe la ciudadanía, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Aunque la regla de contratación es la licitación pública, desde 2020 se han identificado instituciones que adjudican directamente más de 90% del monto contratado, de acuerdo con el estudio “Compras públicas: una mirada al cierre del sexenio”.
En 2020, 99% del monto gastado por Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (BIRMEX) fue adjudicado directamente, en 2021, 89% del monto contratado por el Banco del Bienestar mostró la misma característica, y en 2022, Diconsa gastó 19 mil 734 millones de pesos en compras públicas y 90% se adjudicó directamente.
Además, la falta de transparencia ha sido una dinámica común en las compras públicas a nivel federal. En 2022, por ejemplo, más de 13 mil adjudicaciones directas (16%) no contaron con el documento del contrato a disposición del público y poco más de 2,000 licitaciones públicas (30%) tuvieron documentación incompleta.
A esto se suma, añadió el IMCO, que existen limitaciones en la publicación de los datos en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), que permite dar a conocer los datos de forma homologada de todas las etapas contractuales.
En 2021, 98% de las compras del entonces Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no estaba disponible en el EDCA. En 2022, 45% de los contratos realizados por Fonatur tampoco lo cumplía y los desafíos de transparencia se han visto agudizados por las fallas en la plataforma Compranet.
Además, las instituciones públicas federales incumplen disposiciones como la publicación en tiempo y forma en Compranet, la contratación con empresas idóneas y la justificación debida a los procedimientos de excepción. En 2022, por ejemplo, 45% de las compras públicas fue publicado en Compranet después de la fecha de inicio del contrato.
Asimismo, las prácticas de riesgo permanecen, pues las empresas de reciente creación; es decir, proveedores que se constituyeron dentro del año anterior a la fecha de inicio del contrato, son ejemplo de ello.
La institución explicó que el otorgamiento de contratos a este tipo de actores resulta riesgoso porque puede no contar con la experiencia o las capacidades necesarias para cumplir con el objeto del contrato. El monto destinado a procesos con empresas recién creadas llegó a su punto máximo en 2022, con un monto de 3 mil 474 millones de pesos.
En lo que va de 2024, las instituciones federales han otorgado contratos por 246 millones de pesos a 55 empresas de reciente creación. Los mayores montos se observan en el Instituto Mexicano del Seguro Social con la contratación de servicio externo de guarderías, procedimientos oftalmológicos y laboratorio y diagnóstico, lo que puede impactar negativamente la calidad de servicios que reciben las personas.
Limitar margen para las adjudicaciones directas
En este contexto de falta de competencia, el IMCO propuso limitar las excepciones que permiten realizar adjudicaciones directas. Los grupos parlamentarios deben promover la discusión legislativa sobre los cambios que requiere la regulación actual en materia de compras, especialmente las justificaciones que permiten la excepción a la licitación pública.
Además, fortalecer la inteligencia de datos de las instituciones públicas, lo que implica que cuenten con las herramientas y el conocimiento para realizar estudios de mercado exhaustivos y sólidos, comparación analítica de proveedores y seguimiento efectivo de los procesos contractuales.
La institución agregó que se deben de homologar las bases de datos de Compranet, ya que es necesario contar con un historial que facilite el monitoreo de las dinámicas de contratación y que permita realizar análisis históricos. Para esto, la Secretaría de la Función Pública puede consolidar las bases de datos de todos los años, desde 2011, en un formato homologado y público.
Asimismo, atender las acciones derivadas de la fiscalización superior. Las instituciones contratantes que han sido fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación deben implementar los cambios en los sistemas de control interno y contable para garantizar que no se repitan malas prácticas de gasto relacionadas con la contratación pública.