Redacción
La reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum ha generado un intenso debate nacional. La propuesta plantea que los altos cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF) sean elegidos por voto popular, un cambio radical en el sistema de justicia mexicano.
El Congreso de la Unión, con mayoría de Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, se prepara para discutir esta iniciativa en los próximos meses. La propuesta sugiere que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como jueces y magistrados de tribunales federales, sean electos por la ciudadanía.
El documento enviado por López Obrador especifica que los ministros de la SCJN se reducirían de 11 a nueve, y serían electos por un periodo de 12 años, con un salario máximo equiparable al del Presidente de la República.
Además, las elecciones se realizarían cada tres años, coincidiendo con las elecciones legislativas y presidenciales, sin financiamiento público o privado y sin intervención de partidos políticos.
La SCJN, encargada de garantizar la separación de poderes y proteger los derechos fundamentales, ha tomado decisiones cruciales en los últimos años, como la despenalización del aborto y el derecho a tratamiento contra el cáncer. Cambiar el método de elección podría afectar la independencia judicial y la calidad de las decisiones.
La reforma también propone eliminar el Consejo de la Judicatura Federal, creando en su lugar un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial. Más de 1,600 cargos en el PJF estarían en manos de los votantes, cambiando drásticamente la estructura y el funcionamiento del sistema judicial.
De ser aprobada, la reforma obligaría a los 32 estados a adaptar sus constituciones locales para permitir la elección popular de jueces y magistrados. Las primeras elecciones podrían realizarse en junio de 2025, organizadas por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).