Javier Corral obtiene amparo para evitar detención

Redacción 

Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, ha logrado evitar su detención tras obtener un amparo que suspende cualquier orden de aprehensión en su contra, en medio de un creciente conflicto legal con la actual gobernadora del estado, María Eugenia “Maru” Campos.

De acuerdo con su equipo de abogados, Corral ha sido objeto de una “persecución judicial” con motivaciones políticas, lo que lo llevó a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el pasado 14 de agosto. 

La denuncia incluye acusaciones contra la gobernadora Campos, el funcionario Luis Abelardo V., y otros posibles responsables, por delitos como privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

El conflicto alcanzó un punto crítico cuando las autoridades intentaron detener a Corral en un operativo que, según su equipo legal, fue detenido por las autoridades locales debido a su ilegalidad. 

En respuesta, el 16 de agosto, el equipo de Corral promovió un juicio de amparo indirecto, logrando una suspensión provisional que impide cualquier intento de detención, y estableciendo una garantía económica de 120 mil pesos para asegurar la comparecencia del exgobernador ante las autoridades.

A través de sus redes sociales, Corral difundió un comunicado del coordinador de su defensa jurídica, Javier Schütte, donde acusa al gobierno de Campos de manipular la información en su contra a través de medios de comunicación. 

En su mensaje, Corral refirió al “maruduartismo” en alusión a una supuesta alianza entre Campos y el exgobernador César Duarte, lo cual, según él, está detrás de la campaña en su contra.

“La calidad de prófugo de la justicia se demuestra, no se declara”, afirmó la defensa de Corral, subrayando que el exgobernador sigue gozando de sus derechos políticos y que suspenderlos sin un auto de vinculación a proceso sería una violación a su presunción de inocencia. 

Los abogados de Corral insisten en que hasta ahora no existe una vinculación a proceso en su contra, lo que desacredita cualquier intento de despojarlo de sus derechos.