Redacción
En una muestra de rechazo unánime, diez países de Latinoamérica, Estados Unidos y la Unión Europea condenaron este viernes la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela que validó la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro, tras los comicios del 28 de julio.
El fallo ha sido ampliamente cuestionado a nivel internacional, al considerar que carece de credibilidad y profundiza la crisis política en el país sudamericano.
Estados Unidos, a través de un comunicado del Departamento de Estado, expresó su desacuerdo con la sentencia, subrayando que “este fallo carece totalmente de credibilidad, dada la abrumadora evidencia de que Edmundo González recibió la mayoría de los votos”. Washington advirtió que los continuos intentos de Maduro por reclamar fraudulentamente la victoria “sólo exacerbarán la crisis actual”.
La Unión Europea se sumó a la condena. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reiteró la necesidad de verificar los resultados electorales. “Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y de momento no hemos visto ninguna prueba. Y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer”, declaró Borrell desde Santander, España.
En una postura conjunta, los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un comunicado donde cuestionaron el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. Los once países rechazaron “categóricamente” el anuncio del TSJ, señalando que la supuesta verificación de los resultados, realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), carece de sustento.
“Rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral”, afirmaron los países en el comunicado.
Además, recordaron que ya habían expresado su desconocimiento sobre la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió el acceso de representantes de la oposición al conteo oficial, no se publicaron las actas, y se negó la realización de una auditoría imparcial e independiente.
Finalmente, los países reiteraron la importancia de una auditoría imparcial e independiente que evalúe todas las actas, afirmando que solo este proceso permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular y a la democracia en Venezuela.