Comunicado
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas
(CIDHPDA), a través de su Consejo Nacional, señaló que la división de poderes garantiza que
las atribuciones, competencias y facultades otorgadas a los diversos órganos del Estado, sean
ejercidas en un marco de pleno respeto y autonomía. En el Gobierno Federal no puede seguir
imperando la anarquía ni el absolutismo político.
El objetivo del Estado es establecer la libertad, la cual será más efectiva en un sistema
moderado, es decir, donde exista un equilibrio entre los tres poderes. Por esta razón la
separación de estos mismos es un medio para otorgar a los ciudadanos las garantías y
derechos que les corresponden. Así pues, la CIDHPDA propone distribuir los poderes a
diferentes órganos, de modo que les sea posible establecer límites entre ellos.
Entre los riesgos más señalados en la Reforma Judicial es la posible pérdida de independencia
de los juzgadores, pues de ser propuestos por el titular del Ejecutivo, tendrán afinidad por
aquel o aquella que detente el poder y por el partido político que representa. Esta situación
debilitará el Estado de Derecho, la protección de los Derechos Humanos y la seguridad,
incrementando así la impunidad y el abuso de las autoridades.
El Consejo Nacional de la CIDHPDA señala que el principio de la división de poderes es parte
integrante y característica esencial de todo Estado de Derecho. Este principio consagrado en
el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el
ejercicio del Poder de la Federación está dividido en el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
El Consejo Nacional de la CIDHPDA advierte que, si los jueces, magistrados y ministros se
asignan por parte del Poder Ejecutivo mediante voto directo, podría desaparecer el equilibrio
que se tuvo por más de 50 años, ya que la toma de decisiones se concentrará en el Ejecutivo.