Redacción
La Cámara de Diputados aprobó las primeras leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, que permitirán la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.
En medio de un acalorado debate que incluyó pancartas, tómbolas e incluso una corona fúnebre, las bancadas de Morena, PVEM y PT lograron avalar la iniciativa sin modificaciones, a pesar de las mociones suspensivas presentadas por el PAN, PRI y MC.
Tras once horas de discusión, la Mesa Directiva del Palacio de San Lázaro turnó al Ejecutivo los proyectos de modificaciones a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación. Con su publicación, el Senado estará en condiciones de emitir la convocatoria para la primera elección de jueces y magistrados el 1 de junio de 2025.
Durante la sesión, la oposición criticó la tómbola realizada por el Senado para seleccionar a los jueces y magistrados que serán relevados en las elecciones. La legisladora panista Liliana Ortiz replicó el ejercicio con una urna giratoria, sacando pelotitas al azar para “despedir” simbólicamente a legisladores de Morena, entre ellos Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López.
“Si yo en este momento hago una tómbola, le damos vuelta, igual a la de ustedes, pretender armar en el Poder Judicial y sacar bolitas y decirles: ‘Gerardo Fernández Noroña, ¡está usted despedido!’,” dijo Ortiz en tono sarcástico.
Por su parte, el morenista Jorge Carlos Acosta defendió el método de insaculación como parte de una “democracia de tómbola”, argumentando que es un sistema similar al que se usaba en la antigua Grecia.
Las leyes aprobadas, con 336 votos a favor y 123 en contra, establecen que jueces, magistrados y ministros serán electos por mayoría relativa y voto directo. La primera elección será en 2025 para ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de los jueces de circuito y distrito. La otra mitad será electa en 2027.
La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, también avalada con 334 votos a favor, regula la posibilidad de impugnar las elecciones de jueces, aunque los medios de impugnación no tendrán efectos suspensivos.