Redacción
Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado efectuó cada acción necesaria para solucionar un asunto de alto impacto que cobró la vida de uno de sus elementos investigación que llevaba por nombre Juan Carlos Araujo.
Fue en las instalaciones del Juzgado de Control y Juicio Oral Penal, en donde la autoridad competente determinó que el probable responsable, Carlos Gerardo N, alias “El Lobo”, enfrente los tres meses de complemento de la investigación bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por el hecho delictivo de Homicidio Doloso Calificado con la agravante de Alevosía.
De acuerdo con lo expresado en el estrado, la historia que figuró en los titulares de los medios de comunicación, ocurrió el día 13 de octubre de este año y tuvo como escenario el exterior de una negociación ubicada en el Boulevard Juan Pablo II, del fraccionamiento Canteras de San Agustín.
Eran alrededor de las 03:30 horas, cuando “El Lobo” se percató de que una persona que le acompañaba sostenía una discusión con algunas personas; entre ellos Juan Carlos.
Sin mediar palabra, el activo tomó un arma de fuego en sus manos y realizó una serie de disparos que arrebataron la vida del elemento ministerial.
Una vez consumada la agresión, el sujeto evadió su responsabilidad al fugarse de la escena.
De manera inmediata se iniciaron las indagaciones y se estableció que la causa de muerte fue compatible con una hemorragia interna y externa consecutiva a heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego penetrantes de tórax y abdomen.
Además, se recopiló la mayor cantidad de información para obtener una orden de aprehensión con el nombre de Carlos Gerardo, quien fue localizado en colaboración con autoridades queretanas y remitido a enfrentar sus cuentas pendientes con la justicia.
Así se llevó a cabo la audiencia inicial para definir la situación jurídica del indiciado, a quien se le impuso el auto de vinculación a proceso.
Cabe señalar que este incipiente proceso penal simboliza el esfuerzo de la Fiscalía General del Estado para procurar justicia a favor de las víctimas de las conductas punibles, todo en un marco de respeto a los derechos humanos y en apego a la legalidad.