Tras estafa Ponzi, llega tarde nuevo reglamento de Control Patrimonial de la UAA

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Reza el dicho popular; “después de ahogado el niño, tapan el pozo” y parece ser que es lo que harán ahora en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), pues tras haber sido víctima de una estafa Ponzi, ahora implementará un nuevo reglamento de control patrimonial.

Pese a la gravedad de este caso, que comprometió fondos universitarios, el avance en las investigaciones ha sido lento, y las denuncias presentadas por la institución aún no han sido resueltas. La rectora, Sandra Yesenia Pinzón Castro, informó que están atendiendo las solicitudes tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía General del Estado, aunque reconoció que los procesos avanzan con lentitud. “Los procesos que están ahí y nosotros estamos avanzando, atendiendo y colaborando, porque somos los más interesados en que se esclarezcan todas las cosas, que se delineen responsabilidades”, señaló.

Sin duda, para una comunidad que espera respuestas y acciones contundentes, los avances prometidos resultan insuficientes.

En respuesta a esta situación, la UAA ha propuesto un nuevo reglamento de control patrimonial, el cual, según Pinzón Castro, “establece una serie de medidas para poder cuidar en lo sucesivo que no vuelva a suceder lo que pasó”.

Si bien el Consejo Universitario aún debe aprobar estas medidas, es inevitable cuestionarse si la universidad está reaccionando tarde a un problema que pudo haberse evitado con medidas preventivas, un trabajo más eficiente de los órganos de control interno o con mayor transparencia en sus acciones.

La comunidad universitaria y la sociedad en general merecen más que promesas de reformas. Pinzón Castro señaló que la universidad “sigue insistiendo en que somos los más interesados en que se esclarezcan todas las cosas, que se delineen responsabilidades,” pero el compromiso real se pondrá a prueba en los próximos meses, o quizá hasta el próximo año.

Habrá que recordar que exdirectivos de la UAA avalaron la salida de cerca de 300 millones de pesos y se ve poco probable que los mismos regresen a las arcas de las institución.