Redacción
Ciudad de México, 13 de noviembre de 2024.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saluda los avances en política pública y marco legislativo adoptados en Coahuila, que fortalecen el marco de protección contra la desaparición de personas.
El 12 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila el Programa en Materia de Desaparición de Personas para el Estado y un conjunto de reformas a las leyes de víctimas, asistencia social y protección de derechos, becas, educación, desarrollo social, declaración especial de ausencia para personas desaparecidas, y desaparición de personas. Estas medidas benefician especialmente a las víctimas y sus familias.
Se trata de un Programa único a nivel nacional, ya que adopta un enfoque integral, incorpora estándares internacionales, incluye indicadores de seguimiento y se elaboró en el marco de un proceso participativo, consultivo e inclusivo. Para la ONU-DH, este avance es producto, tanto de la organización, el impulso y la capacidad de propuesta de las familias, como de la apertura sostenida por las autoridades del Estado.
La ONU-DH confía en que, en el futuro próximo, se adopten los programas estatales de búsqueda y de calidad de vida digna para las familias de personas desaparecidas. Alentamos a que el nuevo marco programático y legislativo disponga de los recursos necesarios y se garantice su seguimiento e implementación efectivos, con el objetivo de materializar resultados tangibles.
De igual manera, desde la ONU-DH animamos a que, en los procesos abiertos de designación de las personas titulares de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Búsqueda del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se garantice el derecho la participación y culminen con la designación de perfiles idóneos.
Finalmente, subrayamos la importancia del proceso de interlocución existente en Coahuila entre colectivos de familiares, acompañantes y autoridades. Animamos a otras entidades federativas a implementar esquemas de diálogo adaptados a las necesidades de sus contextos locales, y reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando a las familias y a las autoridades del Estado mexicano en la adopción de medidas que permitan consolidar el marco de protección de todas las personas contra la desaparición.