Redacción
A partir de este 2 de diciembre, los hoteles, alquileres de vehículos y plataformas como Airbnb deberán recopilar una mayor cantidad de datos de los viajeros, conforme al Real Decreto 933/2021. La nueva normativa ha generado polémica, especialmente en el sector hotelero, debido a la carga administrativa que implica y las dudas sobre la privacidad de los usuarios.
Entre los datos que ahora deberán recabarse se incluyen nombre, apellidos, número de DNI, dirección completa, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, información del método de pago y, de forma novedosa, la relación de parentesco entre los viajeros. Estos datos serán reportados diariamente a la Secretaría de Estado de Seguridad a través de una plataforma digital.
El Ministerio del Interior justificó estas medidas señalando que son necesarias para prevenir riesgos como ataques terroristas. Sin embargo, hoteleros y expertos han expresado preocupaciones. “La normativa nos obliga a usar una plataforma pública que, durante el periodo de prueba, no ha funcionado adecuadamente”, señaló un representante del sector. Además, pequeños establecimientos con poco personal advierten que cumplir con esta obligación podría aumentar los costos operativos, afectando el precio final de los servicios.
Otra preocupación gira en torno a la privacidad. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha mostrado cautela y afirmó que analizará el impacto de esta regulación, ya que los datos personales deben ser recopilados solo para fines necesarios y proporcionados.
En comparación con otros países europeos como Francia, donde también existen amenazas terroristas, las medidas españolas destacan por su alcance, lo que ha llevado a algunos críticos a calificar esta normativa como un “Gran Hermano”.
Por ahora, el sector hotelero se encuentra adaptándose a los cambios mientras persisten las dudas sobre la viabilidad técnica y el respeto a los derechos de los viajeros.