Redacción
La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), creada al inicio del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, detuvo a 92 policías municipales de Comitán, incluyendo al director de la corporación, José Santiago “N”, acusados de ejercicio ilegal de funciones y motín.
Los agentes fueron desarmados y trasladados a Tuxtla Gutiérrez luego de que enfrentaran al personal del Centro de contacto ciudadano C5 para facilitar operaciones de grupos sociales que bloqueaban vías de comunicación.
“No traíamos un operativo contra la policía municipal, brotó y se actuó en consecuencia”, declaró Ramírez Aguilar en rueda de prensa. El gobernador señaló que algunos policías mantenían vínculos con grupos de “seudo organizaciones” dedicadas a extorsionar a la población y comerciantes.
Oscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, detalló que la FRIP intervino durante un operativo de 25 cateos previamente programados por la Fiscalía General del Estado. “La policía municipal agredió al personal de C5, los encañonaron y expulsaron para que no reportaran los bloqueos. Posteriormente, obligaron a la población a participar en los cierres de vías”, explicó.
Además de los policías, 30 personas fueron arrestadas por atentados contra la paz pública, incluyendo la destrucción de cámaras de seguridad del C5 y el uso de vehículos pesados para dañar el sistema de videovigilancia. En total, el operativo dejó 135 detenidos, 25 tiendas de narcomenudeo desmanteladas y 13 personas aseguradas con drogas y dinero en efectivo.
Ramírez Aguilar anunció un presupuesto de más de mil millones de pesos para reforzar la seguridad estatal el próximo año. También informó que en una reciente reunión, la presidenta Claudia Sheinbaum le expresó el respaldo de las fuerzas armadas, Guardia Nacional, Ejército y Marina.
“No voy a dar un paso atrás. Vamos hacia adelante con la aplicación irrestricta de la ley. Estamos empeñados en garantizar la paz y tranquilidad de Chiapas”, aseguró.
El mandatario hizo un llamado a los presidentes municipales y directores de seguridad para alinearse con la estrategia estatal, advirtiendo que cualquier vínculo con la delincuencia organizada será sancionado. “Quien tenga colusión con los delincuentes se enfrentará a la ley y las investigaciones correspondientes”, concluyó.