Redacción
Ciudad de México.-En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, y teniendo en cuenta la creciente preocupación por la situación que atraviesa este sector de la población, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), a través de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, hace un llamado urgente al Gobierno de México para rediseñar y optimizar los programas gubernamentales destinados a la atención de los migrantes, particularmente en áreas clave como economía, salud y seguridad.
Ante la propuesta de políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, que incluyen un incremento en las deportaciones masivas de migrantes hacia México, la CIDHPDA sostiene que es esencial garantizar la protección de los derechos humanos de miles de personas que enfrentan un riesgo de desamparo al ser deportadas. “Las políticas de deportación sin un plan integral de apoyo podrían tener efectos devastadores para miles de familias que ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Necesitamos medidas más efectivas para proteger a los migrantes, que no solo abarque la seguridad, sino también su acceso a la salud, educación y una reintegración económica digna”, subrayó Gutiérrez Yáñez.
La CIDHPDA considera necesario reactivar y rediseñar el Fondo para la Migralidad, propuesta impulsada por José María García Lara, director del albergue Juventud 2000. Dicho programa fue una iniciativa de ley que buscaba crear un fondo destinado a atender las necesidades de los migrantes retornados, particularmente aquellos provenientes de Estados Unidos. Este fondo fue propuesto en 2016 por legisladores federales, entre los que destaca el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gonzalo Guízar Valladares.
El Fondo para la Migralidad fue dado de baja durante la administración de Enrique Peña Nieto y en su momento contó con un presupuesto cercano a los 300 millones de pesos, los cuales fueron destinados a tareas humanitarias para los migrantes deportados.
La propuesta de reactivación del fondo se vuelve aún más crucial en el contexto actual, dado que las cifras de migrantes deportados continúan en aumento y las necesidades de atención siguen creciendo. “Con la reactivación del Fondo para la Migralidad, México tendría la oportunidad de crear un sistema de apoyo robusto que incluya servicios de salud, programas
de reintegración laboral y asistencia a los niños, niñas y adolescentes que son especialmente vulnerables durante el proceso de deportación”, destacó el Comisionado.
El Gobierno de México cuenta actualmente con programas como el Programa 3×1 para Migrantes, el cual está a cargo de la Secretaría de Bienestar, que apoya con hasta un millón de pesos las iniciativas de los migrantes organizados para realizar proyectos que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen, mediante la aportación de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, así como de organizaciones de migrantes.
Sin embargo, para que estos programas sean realmente efectivos, es necesario un enfoque más integral y la implementación de nuevos fondos y mecanismos que respondan a la creciente demanda y a las nuevas realidades de los migrantes.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también ha mostrado su apoyo a los esfuerzos del Gobierno de México para salvaguardar los derechos y el bienestar de los migrantes, algunas de sus actividades son: monitoreo de puntos fronterizos, estaciones migratorias y albergues de migrantes; capacitación de funcionarios (INM, Policía, gobiernos federal y estatal); y apoyo a los gobiernos locales y la sociedad civil para facilitar la integración de las personas refugiadas en el país. También tiene programas de asistencia legal, de integración socio-económica de refugiados y solicitantes de asilo, así como asistencia temporal de solicitantes de la condición de refugiado. No obstante, la falta de recursos adecuados y de políticas claras sigue siendo un obstáculo importante para garantizar la protección plena de los migrantes en tránsito.
En este sentido, la CIDHPDA exige al Gobierno de Claudia Sheinbaum la reactivación del Fondo para la Migralidad, que será esencial para garantizar una atención integral a los migrantes y sus familias, especialmente a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
“Es momento de actuar con responsabilidad y visión de futuro. La migración no es un fenómeno que podamos ignorar ni tratar de forma superficial. Los gobiernos y la sociedad civil debemos redoblar nuestros esfuerzos para asegurar que los migrantes tengan una segunda oportunidad y puedan rehacer sus vidas con dignidad”, concluyó Gutiérrez Yáñez.