Vigilia. Entre lo público, la razón y el juicio
¡Miguel Ángel Juárez Frías
Me conmueve, y en cierto punto hasta me enternece, ver esa alegría fingida y obligada bajo el sol capitalino. Tanta euforia en un mitin con toda la esencia de los actos setenteros del viejo PRI contrasta con el grito acalorado y a veces bélico de “no somos iguales”.
Por eso, en medio de tanta algarabía democrática, me pareció importante aprovechar este espacio para hablar de realidades, apelo a la comprensión de mis amigos que solicitan menor extensión de estas reflexiones.
El Zócalo volvió a sudar populismo: camiones, banderas, carteles y un discurso que prometía grandeza. Miles de acarreados corearon el nombre de la Presidenta y cada pausa programada, como si el país entero estuviera en fiesta, con aplausos que aturdían a oídos que no escuchaban.
Afuera de la plaza, del corazón de la República, había y hay otro México: el de los otros datos, esos que no caben en los discursos ni se pintan en pancartas.
Claudia Sheinbaum habló de victorias históricas: dijo que la pobreza bajó a 29 %, que más de trece millones salieron de esa condición y que México ya no es el país desigual que era. Lo cierto es que, según el extinto Coneval y las mediciones laborales del INEGI, la pobreza laboral sigue afectando a más de uno de cada tres mexicanos. En el segundo trimestre de 2025 alcanzó 35.1 %. En el campo subió aún más, de 47 % a 49 %. Son cuarenta y cuatro millones de personas que, aunque tengan trabajo, no ganan lo suficiente para comer. Sí, la pobreza se redujo, pero no por generación de oportunidades, sino por el flujo constante de programas sociales. El 74 % de la mejora proviene de transferencias gubernamentales, no de crecimiento económico. Se alivió el hambre con dinero público, cuestión no cuestionable (antes se aliviaba la cuenta de los banqueros), pero no se crearon ni se proyectan caminos estables para salir de ella. Aquí es donde el otro dato nos dice que el aplauso fácil y el pago de la supervivencia no es justicia social.
También presumió una economía fuerte: 1.2 % de crecimiento, inflación de 3.7 %, peso debajo de los 19 por dólar. En las conferencias suena convincente, pero en el mercado la realidad es menos amable. El poder adquisitivo sigue rezagado, las rentas suben y la informalidad crece. El salario mínimo aumentó, es cierto, pero más de la mitad de los trabajadores carece de seguridad social y los sueldos reales siguen por debajo del costo de la canasta básica. El dato duro es que hoy con el salario mínimo se compra menos que hace siete años.
El punto más ovacionado fue la seguridad. “Hemos reducido 32 % los homicidios dolosos”, dijo. Con esa oratoria y la estrepitosa respuesta de aplausos, casi se me olvidan las noticias del año que suman miles de homicidios, bloqueos en Zacatecas apenas hace 72 horas, las haciendas de exterminio en Jalisco y más de la mitad del territorio nacional tomada por los narco-terroristas. Pero volví a la realidad y en los registros reales, la caída es mucho más modesta. Los otros datos, los del Secretariado Ejecutivo y de verificadores independientes, muestran que el descenso ronda el 9 % anual. En muchos estados, la violencia ni siquiera se mueve. Y aunque los homicidios bajen, los desaparecidos aumentan: más de 114,000 personas no localizadas en el país, nueve mil más que al inicio de este gobierno y las cifras siguen aumentando diariamente. México promedia 200 asesinatos cada fin de semana y 15 desapariciones diarias. Trago amargo al contrastar ovaciones contra estadísticas.
Las reformas que enumeró, la elección popular de jueces, la Guardia Nacional militarizada, el nuevo texto del amparo y la cláusula antiinjerencismo, suenan patrióticas, pero son el espejo de un poder ensimismado y de una sociedad ensordecida. Dijo que ahora sí habrá “un verdadero Estado de derecho”, justo cuando lo que se debilita es la independencia de los jueces. Se aplaudió la rapidez del nuevo amparo, pero omitió que juristas, incluso afines, alertaron sobre su retroactividad y su riesgo ya latente de convertir la justicia en trámite político. Me recordó mis clases de constitucional, cuando mi maestro, siempre presente por el cariño, nos decía que estábamos consolidando el tránsito de la justicia política a la constitucionalidad del Estado (hace 30 años), o sea, regresamos más de 40 con el desmantelamiento institucional de este segundo piso.
Luego vino el catálogo de obras: trenes, presas, carreteras, hospitales y hasta un coche eléctrico llamado Olinia. La modernidad declamada ante miles, no vuelve reales ni eficaces sus anuncios. Dejemos las obras que no se ven, las rehabilitaciones de infraestructura que no se viven, todavía más grave aún, se anuncian 31 hospitales nuevos, pero omite la falta de medicinas básicas y médicos en los que ya existen, o de laboratorio sin consumibles para su uso, y mucho menos la lista de atención quirúrgica programada ya no a meses sino a años (quizá esperando primero la muerte del beneficiario antes de la prestación del servicio). Ya ni que hablar de las promesas incumplidas de garantizar el abasto de medicinas e insumos hospitalarios, y lo más duro para los mexicanos, la canasta básica aumentó por encima de la inflación.
El discurso cerró con épica: “Que se oiga bien, en México el que manda es el pueblo.” Pero el que mandó este domingo fue el aparato. El acarreo, disfrazado de fervor, se volvió símbolo de continuidad. Cambian los colores, no las costumbres. El acto del sistema del pasado hoy se celebra como movilización popular auténtica. Qué triste ver el cinismo que transita en el segundo piso.
Pero en el Zócalo no hubo espacio para la verdad. El micrófono amplificaba promesas, y los otros datos quedaron afuera: en las calles donde el salario no alcanza, donde la violencia no cede y donde los programas sociales alivian, pero no transforman. Ni la justicia será imparcial, expedita, pronta y completa, solo con este remedo de reforma que trajo consigo la justicia del acordeón.
Esa es la diferencia entre gobernar y narrar: el primero cambia vidas; el segundo repite cifras.
Nos leemos la siguiente.