Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- Mientras la mayoría de entidades en el país ha legislado a favor de una interrupción legal del embarazo, el tema sigue siendo tabú en Aguascalientes.
Y es que, por lo general, el punto ha sido evitado por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, las dos instituciones que han gobernado la entidad, quienes incluso en campañas políticas han dado su respaldo a agrupaciones ultraconservadoras para luego buscar aplicar legislaciones para “blindar la vida desde la concepción”.
En contraparte, la Suprema Corte de Justicia les ha enmendado la plana en más de alguna oportunidad a las legislaturas locales. Adelantándose un posible nuevo fallo en contra para este 2026.
Desde hace 20 años…
Aunque aprobar el aborto como un derecho de las mujeres se manejó en diversas etapas de la vida moderna de México, no fue realidad hasta 2007 cuando el 24 de abril de ese año la mayoría del PRD en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó el documento correspondiente, para la interrupción legal hasta 12 semanas.
A partir de ese momento, varias legislaturas estatales también dejaron de tener miedo a las presiones religiosas o de grupos conservadores, dando luz verde a la reglamentación en sus comunidades.
Para Aguascalientes, al menos en los primeros años del siglo, basta resumir que el panista Luis Armando Reynoso Femat, quien gobernó el estado entre 2004 a 2010, siempre se manifestó en contra. Su sucesor, el priísta Carlos Lozano nunca fijó una posición clara, pero irónicamente seria su hijo, José Carlos Lozano, que contendió para ser diputado federal en 2018, y en plena campaña al cargo se declaró Provida.
Con todo, en mayo de 2010 la entonces diputada local por el PRD, Nora Ruvalcaba Gámez,presentó una iniciativa para reglamentar la interrupción del embarazo. Pero fue rechazada por las fracciones del PAN y del PRI.
La polémica se metió de lleno en la campaña electoral de 2016.
“Gracias a Dios”
El 5 de mayo de ese año, una treintena de personas se manifestó afuera del Congreso de Aguascalientes, en demanda de “respetar la vida”. Entre los quejosos apareció Gerardo Raygoza Rosales, candidato del PAN a la gubernatura en 1992 y que cobró relevancia nacional en 1997 cuando, como director de Reglamentos en el primer municipio de Aguascalientes, ordenó el retiro de una muestra de fotos de desnudos
Luego que el documento provida se mantuvo, el diputado panista Adolfo Suárez, en plena sesión, dio “gracias a Dios” por no avalarse el aborto en la entidad.
Ya en la contienda directa por la gubernatura, el aspirante panista Martín Orozco Sandoval declaró el 16 de mayo de aquel 2016 su postura a favor de la vida. “Y lo vamos a defender los próximos seis años”, remató.
Orozco recuperó la gubernatura para el PAN, aunque el PRI impugnó los comicios. El blanquiazul no tardó en ir más allá en sus postura antiaborto.
Ley Provida
Para el segundo periodo ordinario de sesiones de 2018, la bancada del panismo promovió una ley para “blindar la vida desde la concepción”. Al frente de la causa se posicionó la diputada panista Paloma Amezquita Carreón, quien desde su campaña se declaró simpatizante del grupo ultraconservador Frente de la Familia y hasta se reunió con el dirigente Juan Dabdoub, quien ganó notoriedad negativa debido a que pretendió callar a una mujer que en la vía pública apoyó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
A su vez, en varias entrevistas, Amézquita Carreón aseguraba que las adecuaciones a su propuesta no pretendían “criminalizar a nadie”.
La llamada Ley Provida polarizó a la sociedad de Aguascalientes. El 20 de octubre de 2018, se desplegó una amplia manifestación de grupos conservadores en calles de la ciudad, quienes también tronaron contra el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Entre los promotores apareció Audomaro Alba, ex diputado panista y vinculado al grupo de extrema derecha El Yunque; junto con Carlos García Villanueva, dirigente local del Frente Nacional de la Familia.
En contraparte, el Observatorio de Violencia Social y de Género presentó una denuncia contra Amezquita, por presunta violación del estado laico y la cual fue presentada ante el Sistema Estatal Anticorrupción.
Sin embargo, en la práctica el PAN ni siquiera encontró eco en el Legislativo. Sumado al rechazo de Morena y del PRD, la diputada Elsa Amabel Landin Olivares, coordinadora de la bancada del PRI, expresó sus reservas legales al documento, argumentando “fallas de origen”.
La votación final se realizó el 27 de diciembre, en el salón de sesiones del Congreso atiborrada por simpatizantes de una u otra causa y con la misma Paloma Amezquita en labores de presidenta de la mesa directiva. Varios diputados -varones- tomaron la palabra para intercambiar cuestionamientos mutuos. Incluso acudió un sacerdote para rezar en el vestíbulo del Palacio Legislativo.
Al final, el dictamen no fue aprobado luego de sumar 17 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones. Por ser una reforma constitucional, se necesitaban 18 sufragios. La votación fue secreta, por lo cual no se supo el sentido de algunos diputados.
Pronto, el PAN demostró que no sabía perder.
“Si te meto el dedo hasta dentro”
En plena pandemia sanitaria, el PAN volvió a subir el punto del blindaje de la vida a una sesión; pero ahora en un periodo extraordinario de sesiones.
El 12 de febrero de 2021, el Congreso convocó a una sesión a puerta cerrada, argumentando la situación de la pandemia. Ello impidió el acceso a simpatizantes de una u otra causa y celebrar la sesión sin mayores altercados. Dentro del orden del día estaba la Ley Provida y en esa oportunidad, ahora sí se concretaron los 18 votos, después que Margarita Gallegos, diputada del PRI y hoy alcaldesa de San Francisco de los Romo, dio su apoyo a la causa panista.
No obstante, la nota nacional fue que Sergio Augusto López Ramírez, diputado del Partido Verde, utilizó una metáfora para justificar su rechazo al aborto, señalando el dedo corazón y exclamando: “Si te meto este dedo hasta adentro, ¿de quién sigue siendo el dedo?. Así es con el aborto”, expuso el legislador verde por múltiples ocasiones.
Al tiempo, pese a las promesas de Paloma Amézquita en cuanto a que la Ley Provida no buscaba criminalizar a nadie, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública notificó más de una decena de carpetas de aborto en Aguascalientes, entre los meses de abril y agosto de 2021.
También hubo quejas de la oposición. La entonces diputada por Morena, Natzielly Rodríguez, quien denunció presuntas amenazas del Frente de la Familia en su contra por su postura a favor del aborto, por lo que adelantó que presentaría una denuncia ante la Fiscalìa General.
Eterna batalla
Las posturas encontradas volvieron a hacerse presente en la campaña por la gubernatura de 2022. Candidatas como Teresa Jiménez Esquivel, del PAN, y Martha Márquez, del Partido del Trabajo, abiertamente se manifestaron en favor de la protección a la vida desde la concepción.
En las urnas, Jiménez Esquivel terminó revalidando la gubernatura para el PAN y el 1 de octubre de 2022 tomó protesta como la primera gobernadora de Aguascalientes.
Para el 30 de agosto de 2023, por voto mayoritario, la Suprema Corte determinó inconstitucional ejercer acciones legales contra una mujer que decidiera interrumpir su embarazo. Anulado de manera legal la Ley Provida del PAN.
El fallo de la Suprema Corte generó división de opiniones en el partido oficial. Por un lado, la gobernadora Teresa Jiménez dijo que su administración respetaría el acuerdo del Poder Judicial. En contraparte, la diputada blanquiazul Alma Hilda Medina Macías dijo que “Yo estoy a favor de la vida y no me parece justo”.
Vendría un premio de consolación para los grupos Provida.
Con la Iglesia hemos topado
Así, en agosto de 2024, la mayoría del PAN en el Congreso de Aguascalientes impuso reformas al Código Penal de Aguascalientes para reducir de 12 a 6 el número de semanas de embarazo para permitir una interrupción legal. Sin embargo, la Suprema Corte recientemente adelantó que podría anular esa legislación, aunque el punto fue aplazado para el siguiente año.
Algunas voces de la oposición como el diputado por Morena, Rodrigo Gonzáles Mireles, ironizó sobre el tema, señalando que para Acción Nacional, legislar sobre aborto era “literalmente una llamada a misa”.
Pero en cuanto a datos duros, la medida legal sì fue aprovechada por un sector de la población. Durante julio pasado, Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado, calculó 27 casos de interrupciones legales aplicados en el Hospital de la Mujer, de esta ciudad, durante 2024.
De paso, Galaviz Tristán descartó versiones en cuanto a que estuviese incrementando el número de abortos provocados en la entidad.
Las agrupaciones civiles también se movilizaron. Para septiembre de 2025, Mariana Àvila, titular del Observatorio Social de Violencia y de Género informó que se habían presentado once amparos en torno a la reforma panista.
Y antes de terminar el 2025, se abrió un nuevo frente de batalla.
Luego que la Suprema Corte retomó el punto de las doce semanas como plazo para la interrupción legal. Aunque finalmente el punto fue aplazado para el siguiente año.
Tras ello, la jerarquía católica se lanzó contra el Poder Judicial. El pasado 21 de diciembre, el obispo Juan Espinoza se manifestó en contra de cualquier adecuación que se pueda generar desde el Poder Judicial e hizo un llamado a la feligresía para oponerse al tema.
“La iglesia no puede guardar silencio ante las iniciativas que en nuestro país buscan presentar el aborto como un derecho y no se protege al más débil. Como hemos recordado los obispos de México, el verdadero adviento nos llama a defender la vida sin condiciones, acompañar con cercanía y misericordia a las mujeres que enfrentan situaciones difíciles y a promover políticas públicas que ofrezcan apoyo real”, dijo.
Sin embargo, ya ni siquiera los antiguos críticos de la jerarquía católica quieren pelearse con el alto clero. En diversas ocasiones, el diputado del PRD Emanuelle Sánchez Nájera, ha minimizado las declaraciones del obispo en contra de la interrupción legal del embarazo. La más reciente, poco antes de la Navidad de 2025.
“La realidad es que soy de los que cree que el obispo está en su papel. Tiene que hablarle a su grey, hablarle con ellos y haría mal si lo hace de otra forma. No veo mal que se pronuncie en ese sentido, pues para eso está”, dijo Sánchez Nájera en días pasados.
La batalla legal por el aborto en Aguascalientes seguirá, al menos en 2026.