Gabriel Soriano
Aguascalientes, Ags.- En total impunidad, un agente de la Fiscalía General del Estado ha sido acreditado como responsable de tortura. Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura no lo ha sancionado y le ha permitido seguir trabajando. Exigen que el fiscal general, Jesús Figueroa Ortega, saque las manos del proceso y permita que se imparta justicia.
En rueda de prensa, Erick Román, esposo de Samantha, víctima también de tortura a manos de la Fiscalía General del Estado, denunció la inactividad por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura, la cual, señaló, ha sido encubierta por la Fiscalía General. “Lejos de buscar justicia, parece orientada única y exclusivamente a cumplir con requisitos federales, maquillar cifras y estadísticas; la impunidad lamentablemente seguirá prevaleciendo bajo esta simulación”, expresó.
Calificó de indignante el actuar del fiscal general, quien ha ignorado la problemática e incluso ha solapado el actuar de los elementos al señalar que “la culpa es de las víctimas”.
Desde hace 4 años y 7 meses, se está trabajando en la carpeta de investigación 11-2011/05-20 que se encuentra en la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura. Esta investiga los hechos relacionados con Samantha Fierro, quien sufrió desaparición forzada, tortura y abuso sexual por parte de elementos ministeriales.
Sobre el estado actual de la investigación, destacó que ya cuenta con la imputación de Mario Arturo “N”, un agente investigador identificado por las víctimas como su torturador. Esto está respaldado por los resultados del Protocolo de Estambul realizados a él y a Víctor Hugo, y elaborados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA).
El Protocolo de Estambul es una herramienta metodológica y completamente confiable que da fe de las denuncias de tortura. Se basa en investigaciones multidisciplinarias con evaluaciones tanto físicas como psicológicas.
“Estamos exigiendo en este momento al fiscal que saque las manos y deje de encubrir criminales con placa. Si ya tiene los elementos, no es necesario que pasen otros 4 años. No sé qué está esperando, si ya retirarse él a su notaría y dejar impune esta situación. Además, la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura está actuando de manera perversa, ya que canceló el protocolo que se le practicó a Samantha en el 2023. Presumimos que el resultado fue positivo y quisieron ocultarlo”, externó.
Esto no fue la única ocasión en que fueron omisos en mostrar resultados sobre el protocolo, pues lo mismo ocurrió para Víctor Hugo, padre de Samantha. El resultado fue ocultado por un año y no se informó a la víctima que se acreditó haber sido torturada.
Por otro lado, señaló que a partir de un desglose de los delitos imputados a Mario Arturo “N”, se constató que no existe una carpeta de investigación por abuso sexual denunciado desde el 2020.
“La denuncia existe, pero no hay carpeta de investigación respecto a este hecho. Es lamentable que un servidor público que abusó sexualmente de una detenida y que aparte la torturó tanto física como psicológicamente siga laborando dentro de las filas de la Fiscalía. Sigue cobrando un sueldo, sigue armado y sigue ejerciendo violencia contra otras mujeres detenidas”, denunció.
En ese sentido, afirmó que no es la única denuncia presentada contra el agresor, y que, a pesar de ello, no se ha sancionado a Mario Arturo “N”.
“Yo no pertenezco al gremio de notarios, no pertenezco al círculo dorado de empresarios, no pertenezco al poder político en turno; pero soy un ciudadano que tiene los mismos derechos que estas personas. La procuración de justicia en Aguascalientes, lamentablemente, es selectiva y discriminatoria. Si no eres allegado al fiscal, no recibes atención”, concluyó.
Por su parte, Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, destacó que, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Tortura en el país, se estima que el 70% de las mujeres detenidas han sufrido algún tipo de tortura sexual por parte de agentes del Estado. De estas, ni siquiera el 20% llega a una carpeta de investigación.