Gabriel Soriano
Aguascalientes, Ags.- Activistas que trabajan en la preservación de las áreas naturales protegidas han recibido ataques y temen por su seguridad. Ante esta situación, han presentado una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA) y señalan que podrían solicitar que se activen mecanismos de protección.
Aunque las áreas naturales protegidas están en teoría resguardadas por la ley, algunas desarrolladoras insisten en invadir estos espacios con intereses económicos. Por ejemplo, en el Bosque de Cobos, Grupo Soldi y Grupo San Cristóbal ejercen presión para seguir invadiendo estas áreas.
“Hemos tenido diversas situaciones con compañeras y compañeros de las comunidades que amenazan contra su seguridad como resultado de los trabajos que se han hecho y que hemos logrado detener ciertas intenciones, ya sea con amparos o presión. La situación es mucho más grave de lo que puede llegar a saberse o de lo que difundimos, porque también buscamos la seguridad de las y los defensores del ambiente”, dijo González Ponce.
Denunció que en La Pona, policías ingresan al lugar y queman árboles para desalojar a la gente, y otras personas sospechosas rondan la zona. Estas acciones han generado temor por la seguridad de los activistas que trabajan constantemente en el área.
“Por ahora, no hay un caso concreto que se esté dando seguimiento, pero sí tenemos varios hechos documentados que preocupan porque fueron muy delicados. Por cuestiones mismas del proceso, no podemos platicarlo ahora, pero vamos a estar en vigilancia de este tema porque no puede ser posible que quienes estén ahí estén en riesgo ante la presencia de gente externa”, señaló la activista.
Sofía González destacó que se han acercado a la CEDHA en varias ocasiones sin obtener avances o respuestas de seguimiento. “Nos hemos acercado a la CEDHA en varias ocasiones, no solo esa vez, tenemos ahí una queja de la que no hemos visto absolutamente ningún avance o alguna respuesta de seguimiento. Digamos que no fue una cosa tan grave, pero no le han dado seguimiento. Solo hemos presentado un caso.”
Añadió que han solicitado la aplicación de un mecanismo de protección para los activistas, aunque a nivel estatal aún no se cuenta con una herramienta efectiva para ello.