Daniela Lomelí
Aguascalientes, Ags.- La mañana de este viernes, Francisco Chávez Rangel quien fuera titular del Instituto de Educación del estado, en la pasada administración que encabezó el priista, Carlos Lozano de la Torre estuvo en la sede del Poder Judicial local.
Su presencia se debió a que acudió como testigo de una firma de abogados que de manera extraña contrató Chávez Rangel para enfrentar el proceso judicial entre el IEA y la Universidad Autónoma del Carmen en Campeche (UNACAR), luego de que la segunda institución hizo un fraude al IEA del orden de los 195 millones 578 mil pesos de un contrato y otro por 183 millones 604 mil 557 por la venta de equipo de computo en 2012 y que nunca llegó a esta entidad.
Las empresas contratadas por la UNACAR incumplieron con los servicios, por lo tanto, el IEA determinó interponer una querella contra aquella casa de estudios para lo cual contrató al abogado Martín Paulo Guerra Scott.
El acuerdo fue que el leguleyo cobraría 6.7 millones de pesos. El 3 de junio de 2016 Se estipuló que se cobrarían 2 millones de pesos a la firma del contrato, más 2.5 millones de pesos cuando se ganara el juicio contra UNACAR y 1.5 millones de pesos más una vez que se concluyera en la PGR y se consignara ante el juez de distrito correspondiente además de una iguala mensual de 60 mil pesos hasta por 12 meses para ser aplicados a la tramitación y procedimientos de orden penal, civil y extrajudicial en contra de quien o quienes resulten responsables.
Actualmente el despacho que encabeza Guerra Scott tiene demandado al IEA por falta de algunos pagos por su trabajo, mismo que no ha concluido ya que el juicio sigue vigente.
Por tal motivo Chávez Rangel acudió en calidad de testigo de ese acuerdo y se logró conocer que el exfuncionario estatal cayó en contradicciones e inconsistencias, como declarar primero que contrató el despacho por indicaciones de sus “superiores” y luego se retractó al señalar que lo había hecho por su cuenta.
Un detalle que llama la atención es que Martín Paulo Guerra Scott y Francisco Chávez Rangel fueron compañeros en la carrera de derecho en Nuevo León.
Una de las denuncias en contra de Chávez es por la contratación de este abogado, al tener el IEA un cuerpo jurídico que la pudiera enfrentar el proceso judicial sin costo adicional.
La demanda está mientras tanto en la Fiscalía anticorrupción, por un tema penal y en el órgano interno de control del IEA, que abarca la cuestión administrativa.
Cuando los representantes de los medios acudieron a la sede del Juzgado Primero de lo Civil, Chávez Rangel pidió salir por la puerta trasera para evitar dar declaraciones de este y otros asuntos relacionados con su ex cargo.