La Jornada
Ciudad de México.- En una decisión que pareciera encaminada a limitar las vías de defensa de Lorena Martínez, ex candidata de la coalición “Aguascalientes grande y para todos” (PRI y PVEM), el fiscal General de Aguascalientes, Oscar González Mendivil, interpuso un recurso de queja contra la decisión de un juez federal de admitir un amparo que diputados locales solicitaron para obligar a esa fiscalía a ejercer acción penal contra el ahora gobernador electo de esa entidad, Martín Orozco Sandoval.
“Por medio del presente ocurso y al tenor del escrito de agravios que se adjunta (acudo a) interponer recurso de queja en contra del acuerdo de 28 de julio de 2016, por medio del cual (el juez de primera instancia) admitió a trámite la demanda de amparo promovido por (los diputados locales) María de los Ángeles Aguilera Ramírez, José Enrique Juárez Ramírez, Norma Adela Guel Saldívar, Luis Fernando López, Nayelli Muñoz Moreno y José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez”, refiere el documento de queja en poder de La Jornada.
El juez federal Kevin Montes fue quien admitió a trámite la demanda de amparo inédita interpuesta por seis legisladores locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) en Aguascalientes, quienes solicitaron la protección de la justicia federal por actos de omisión de la Fiscalía de Justicia de esa entidad, ya que después de varios años de investigación no ha ejercido acción penal contra Orozco Sandoval.
El abogado postulante y especialista en derecho constitucional, José Óscar Valdés Ramírez, quien redactó la demanda de amparo firmada por los legisladores, indicó en entrevista con este diario que el recurso de queja que presentó el fiscal alude que los diputados no tiene interés legítimo para pedir el amparo.
“Claro que tienen interés legítimo (los legisladores), son representantes populares y están actuando en representación de los intereses de los habitantes del estado de Aguascalientes; por supuesto que el juicio de amparo debe continuar y procede la protección de la justicia”, destacó el jurista.
Dijo que para él es muy claro que el fiscal general de Aguaslientes está actuando más con un trasfondo político que jurídico.
“Debe sacar las manos el fiscal de Aguascalientes y permitir que sean los tribunales los que decidan si es procedente actuar en contra del gobernador electo Martín Orozco, pues de acuerdo con la Constitución federal, carece hoy de fuero, por lo que puede y debe ser procesado penalmente y ese simple hecho lo vuelve inelegible como gobernador”, puntualizó Valdés Ramírez.
El litigante, quien redacto la demanda de amparo de los legisladores locales, dijo que el objetivo del mismo es que un juez federal conceda la protección de la justicia para obligar a la Fiscalía de Aguascalientes a que solicite una orden de aprehensión contra Orozco Sandoval, lo que dejaría imposibilitado al panista de asumir el cargo de gobernador y obligaría a una elección extraordinaria.
La actual Ley de Amparo, reformada en abril de 2013, incluyó la posibilidad de que se otorgue la protección de la justicia federal en caso de omisión de autoridades administrativas o de la fiscalía de procuración de justicia.
El pasado 13 de junio, Lorena Martínez, quien abanderó la alianza Aguascalientes grande y para todos (PVEM, Panal y PT), anunció que acudirá a todas las instancias legales que la ley le permita para demostrar que el panista Orozco es inelegible y que por tanto las elecciones en Aguascalientes deben repetirse.
“Esta acción es parte de un proceso jurídico previsto por la ley. En ningún momento queremos generar espacios de incertidumbre o de desestabilización jurídica”, indicó Lorena en esa ocasión ante simpatizantes reunidos en la explanada del Comité Directivo Estatal priista.
Martínez descartó movilizaciones y confió en que, como resultado de la impugnación, se lleve a cabo un nuevo proceso electoral en la entidad, donde resultó ganador el PAN.
El gobierno del estado es encabezado por el priísta, Carlos Lozano de la Torre quien designó hace un par de años a González Mendívil como parte de una terna para ser el fiscal general estatal al Congreso estatal que también tiene mayoría tricolor en la entidad.