Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) manifestaron su preocupación por el proyecto de presupuesto para 2025, que contempla recortes significativos en sus asignaciones. De acuerdo con un comunicado conjunto, la Corte enfrentaría una reducción de 714.4 millones de pesos, equivalente al 12.06% menos de lo solicitado, mientras que el CJF recibiría 13,117.2 millones de pesos menos, lo que representa una disminución del 17.45% respecto a su propuesta inicial.
Ambas instituciones advirtieron que 8 de cada 10 pesos del presupuesto solicitado corresponden al capítulo 1000, destinado a sueldos, salarios y prestaciones. Por lo tanto, los recortes planteados pondrían en riesgo los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial, además de comprometer la operatividad de los órganos jurisdiccionales.
En el caso de la SCJN, se anticipa una posible reducción de plazas y ajustes en las prestaciones laborales. Por su parte, el CJF alertó que los recortes podrían derivar en el cierre de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como en una disminución de la plantilla laboral, afectando directamente el acceso a la justicia para la ciudadanía.
El comunicado recordó que el Decreto de Reforma al Poder Judicial, aprobado en septiembre, garantiza que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”. Sin embargo, señalaron que esta promesa no se cumpliría de aplicarse el recorte presupuestal.
Además, advirtieron que los ajustes afectarían la implementación de reformas constitucionales en curso en materia laboral, penal, civil, familiar y de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, así como la consolidación de la propia reforma judicial. Los recursos solicitados incluyen previsiones para la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, indispensables para la operación del nuevo esquema judicial.
La SCJN y el CJF subrayaron que la asignación adecuada de recursos es fundamental para garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos laborales, por lo que exhortaron a las autoridades presupuestarias a reconsiderar el impacto de estas medidas en el funcionamiento del Poder Judicial y en los derechos de las y los mexicanos.