Redacción
El Congreso de la Unión se prepara para discutir la iniciativa que propone que la Guardia Nacional (GN) sea incorporada oficialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), generando inquietud entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que, de aprobarse, “será un paso sin retorno hacia la militarización del país”.
La propuesta, que forma parte del llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea modificar el Artículo 21 de la Constitución para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a las instituciones de seguridad pública a ser de carácter civil. Esto contraviene un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional cualquier intento de militarizar la seguridad pública en México.
De acuerdo con la iniciativa, la Guardia Nacional, creada en 2019 en sustitución de la Policía Federal, sería adscrita operativa y administrativamente a la Sedena. Aunque se mantendría bajo las normas de seguridad pública, su estructura se alinearía con las Fuerzas Armadas, y sus elementos podrían ser juzgados por tribunales militares en casos específicos. El dictamen ha sido aprobado en comisiones y será discutido este jueves en la Cámara de Diputados, informó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena.
El Centro Prodh, una organización jesuita de derechos humanos, expresó su preocupación en redes sociales y señaló que la reforma implica un riesgo de militarización en el país.
Además, alertó sobre las posibles modificaciones al Artículo 13 de la Constitución, que permitirían que los órganos de justicia militar conozcan los casos donde intervengan elementos de la Guardia Nacional, a pesar de las advertencias previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del fuero militar en asuntos que no son estrictamente castrenses.
“La reforma va más allá de la Guardia Nacional; busca modificar el Artículo 129 de la Constitución, que desde 1857 limita las funciones militares en tiempos de paz. Este cambio incrementaría el poder militar en el país sin establecer controles civiles suficientes, lo cual preocupa tanto a la sociedad civil como a organismos internacionales”, subrayó el Centro Prodh.
El dictamen también enfrenta críticas por contemplar que la Sedena pueda prestar servicios auxiliares y civiles sin límite, en línea con una reforma previa al Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.