Redacción
La Cámara de Diputados presentó ayer el dictamen que propone la disolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la reasignación de funciones de diversos órganos autónomos. Esta iniciativa será discutida y votada la próxima semana, junto con otros proyectos que buscan ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y una nueva ley de bienestar animal.
De aprobarse, el dictamen transferiría las atribuciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública, que en la actual administración pasará a llamarse Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Este organismo asumirá la tutela del derecho de acceso a la información, la política de transparencia y la protección de datos personales. Asimismo, se plantea que estas funciones también sean asumidas por los órganos de control y disciplina del Poder Judicial y las contralorías del Congreso de la Unión, replicándose en el ámbito estatal.
Ante esta posible eliminación, los comisionados del INAI expresaron su oposición y apelaron al diálogo con el Legislativo. Durante el foro de Buenas Prácticas en Lenguaje Claro y Accesible, el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, señaló: “Seguiremos, hasta el último aliento, insistiendo en la necesidad de la prevalencia de esta institución del Estado mexicano“. Destacó que, según la última Encuesta Nacional de Percepción y Evaluación Gubernamental del INEGI, los mexicanos confían en los órganos autónomos, ubicándolos justo detrás de la familia, los vecinos y las escuelas públicas.
El proyecto también asigna a otras dependencias federales las funciones de órganos autónomos adicionales. El Instituto Nacional Electoral (INE) gestionará temas relacionados con partidos políticos, mientras que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje asumirán asuntos sindicales. En el ámbito de telecomunicaciones, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tomará las tareas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aunque el dictamen no aclara cómo se garantizará la transparencia y autonomía en el manejo de concesiones y datos.
El INEGI recibirá las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y la Secretaría de Economía asumirá las labores de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). En el sector energético, la Secretaría de Energía manejará las atribuciones de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía.
La Cámara de Diputados prevé que el debate en torno a esta iniciativa continúe la próxima semana, ante las críticas y dudas sobre la futura operatividad, transparencia y autonomía de estas funciones en las dependencias federales.