Ambientalistas critican Plan Municipal por favorecer intereses inmobiliarios y excluir participación ciudadana

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags. – Organizaciones ambientalistas expresaron su inconformidad con el Plan de Desarrollo Municipal de Aguascalientes, señalando que favorece los intereses de desarrolladoras inmobiliarias por encima del bienestar común y sin garantizar la participación ciudadana. Los colectivos presentarán una propuesta integral de protección ambiental, esperando que sea considerada en la actualización del documento.

José Alejandro Larios Barrientos, director de Conversa Sur, destacó que el proceso de elaboración del plan fue excluyente, priorizando a sectores privados. “Se debe privilegiar el interés colectivo y reducir la influencia desproporcionada de grupos privados. Estos sectores pueden participar en diálogos para construir acuerdos, pero no para imponer prioridades que perpetúan desigualdades sociales y ambientales”, declaró.

Los ambientalistas señalaron diversas irregularidades en el desarrollo del plan, como horarios inflexibles que limitaron la participación ciudadana, así como un sesgo en las invitaciones, que se enfocaron en cámaras industriales y colegios de profesionistas, dejando fuera a organizaciones sociales, ambientales y a la población en general.

Gina Ventura Gaby Correa, representante de IMEPP A.C., denunció la falta de apertura del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) para dialogar sobre sus propuestas. “Estas actitudes reflejan que las decisiones se toman a puerta cerrada, sin considerar a la ciudadanía ni a las organizaciones ambientales. Instamos al gobierno municipal a reconsiderar su enfoque y abrir procesos verdaderamente participativos, donde las propuestas de la sociedad civil sean incorporadas con transparencia”, señaló.

El colectivo ambientalista propone medidas concretas para proteger el entorno ante el crecimiento inmobiliario:

  1. Diagnósticos ambientales y estudios ecológicos: Realizar un inventario municipal de riqueza biológica, declarar nuevas áreas protegidas como el Bosque de Cobos y La Pona, y ampliar las existentes para evitar su afectación por intereses privados.
  2. Recuperación y mantenimiento de áreas verdes: Rechazan la reducción de áreas de donación prevista en el nuevo código urbano y exigen que el municipio asuma la responsabilidad de conservarlas.
  3. Creación de un observatorio ambiental municipal: Proponen un organismo que supervise el cumplimiento de políticas ambientales y evite trámites y permisos otorgados sin bases técnicas adecuadas.

“Hay una privatización del territorio que beneficia a intereses inmobiliarios y una escasa participación social en decisiones ambientales. Necesitamos un enfoque que realmente priorice el bienestar colectivo y la preservación del medio ambiente”, concluyeron.