Redacción
El gobierno de Estados Unidos advirtió que podría cancelar las visas de ingreso a todos los cantantes mexicanos que interpreten narcocorridos, al considerarlos promotores de actividades criminales y de grupos clasificados como terroristas, como los cárteles del narcotráfico.
La advertencia se produce tras el caso de la banda sinaloense Alegres del Barranco, a la que se le revocó la visa por mostrar imágenes de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un concierto en Jalisco.
“En la administración Trump nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad sobre el acceso de extranjeros a nuestro país. No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas”, declaró Cristopher Landau, subsecretario de Estado.
Fuentes del equipo del expresidente Donald Trump revelaron al diario Milenio que todas las personas que apoyen o difundan contenidos relacionados con organizaciones criminales pueden ser candidatas a la revocación de sus visas.
En los últimos dos meses y medio, la administración ha retirado más de 800 visas, muchas de ellas a estudiantes pro-palestinos, ciudadanos de países señalados por seguridad nacional y personas ligadas al narcotráfico.
Los cantantes del género, como Peso Pluma, Natanael Cano, Grupo Arriesgado, Jr. Salazar, Edgardo Núñez y Grupo Firme, podrían verse afectados si las autoridades estadounidenses concluyen que sus canciones enaltecen a líderes del crimen organizado.
“Las visas son un privilegio, no un derecho”, sostuvo Marco Rubio, actual secretario de Estado. “Estados Unidos tiene facultades plenas para negarlas o cancelarlas”.
La polémica se ha extendido hasta el ámbito académico. La Alianza de Presidentes de Educación Superior e Inmigración, que agrupa a más de 500 instituciones, denunció que las políticas migratorias están generando “una atmósfera de miedo” que pone en riesgo la libertad de expresión y el bienestar de las comunidades migrantes.
No es la primera vez que Estados Unidos cancela visas por motivos de seguridad. Ya ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, bajo la Ley Patriota. Sin embargo, críticos aseguran que en la actual administración esta política se ha vuelto una herramienta de persecución política y cultural.