Gabriel Soriano
Aguascalientes, Ags.- Se extendieron las facultades del estado y de los municipios en cuanto a la gestión de contratos de asociaciones público-privadas (APP), lo cual podría tener repercusiones en varios proyectos actualmente vigentes, como el parque fotovoltaico o el proyecto de luminarias en el municipio capitalino.
El panista, Jaime González de León, presidente de la Comisión de Vigilancia, explicó que las modificaciones a la Ley de Asociaciones Público-Privadas consisten en regularizar posibles adhesiones a proyectos, así como en subsanar errores para modificar las intenciones de los municipios y corregir remisiones a normas abrogadas.
“Durante mucho tiempo, el gobierno fue el único encargado de financiar la provisión de servicios públicos y construir las obras de infraestructura necesarias, lo que incrementó la presión sobre las finanzas públicas. Para enfrentar este problema, los gobiernos han recurrido a proyectos de inversión público-privada para satisfacer las necesidades de servicios e infraestructura pública”, explicó el legislador, representante del Partido Acción Nacional.
En ese sentido, González de León afirmó que es necesario explorar con mayor profundidad y responsabilidad financiera el esquema de las asociaciones público-privadas, ya que estas ofrecen grandes ventajas al hacer más eficiente la administración de recursos públicos para invertir en otros proyectos.
“Desde la comisión, consideramos viables las propuestas de reforma, ya que implicarán ampliar las facultades de las autoridades estatales y municipales respecto a solicitar autorización al Congreso para la adhesión a un proyecto de APP”, añadió el diputado.
A esta propuesta se opuso expresamente el diputado Juan Carlos Regalado Ugarte, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien enfatizó que las privatizaciones, un aspecto para el cual se aplican frecuentemente las asociaciones público-privadas, jamás serán la respuesta, y recordó que es obligación del estado garantizar los servicios y la infraestructura para la ciudadanía.
“Considero que ampliar las facultades de las autoridades ejecutivas en la materia consiste en una situación que deja en vulnerabilidad los recursos del estado. Deben existir contrapesos; el Congreso debe garantizar que los recursos sean ejercidos de manera responsable, por encima de los intereses personales y de unos cuantos”, resaltó.
Finalmente, esta propuesta fue aprobada con 24 votos a favor y 3 en contra en la sesión extraordinaria de éste día.