Redacción
Aguascalientes, Ags.- Este jueves, en sesión plenaria la unanimidad de los diputados aprobó el dictamen que emitió la Comisión de Justicia, por el que se resuelve la iniciativa para sustituir, en diversos ordenamientos, la referencia al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, por el de Código Nacional de Procedimientos Penales, y de esta manera apegarse a la Declaración de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Régimen Jurídico Local, presentada por el diputado Leonardo Montañez Castro, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Algunas de las leyes que fueron modificadas para otorgarles mayor certeza jurídica y concordancia con el nuevo sistema de justicia penal, son las de Desarrollo Ganadero; Desarrollo Social; de Mediación y Conciliación; Desarrollo Ganadero; la referente a la de Salud, entre otras.
En otro punto del orden del día, fue avalado por unanimidad el documento que turnó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y que resuelve la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados, y de esta forma ampliar las facultades legislativas de la Cámara de Diputados en materia de derechos de las víctimas.
En la resolución del documento, se plantea un marco regulatorio para los desplazamientos poblacionales según la propia capacidad del entorno ambiental y social del territorio nacional en donde se pretende situar a las personas en condición de refugiados o asilados. Por ello, en el dictamen se establece que en función de las capacidades de carga, vulnerabilidad y residencia de los territorios, se deben armonizar las necesidades internas con la capacidad de asistencia internacional de forma que se otorguen condiciones óptimas de desarrollo a propios y extraños.
Para hacer un posicionamiento a favor de este documento, el diputado Jorge Varona Rodríguez tomó la palabra en la tribuna, al señalar que era vital elevar a rango constitucional la condición de refugiado o asilado, pues es una tradición de la nación la protección de los derechos de extranjeros a quienes les han sido vulnerados sus derechos humanos.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y PVEM, señaló que de esta manera, se continuará la “noble herencia” mexicana en materia diplomática, así como la política de apoyo a los desplazados por cuestiones humanitarias, religiosas o de otra índole.
Acto seguido, la mayoría de los legisladores avaló por unanimidad el dictamen que formuló la Comisión de Vigilancia la iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado y sus Municipios, propuesta por el titular del Ejecutivo Estatal, Ingeniero Carlos Lozano de la Torre.
El objeto del citado proyecto de modificación, va encaminado a clarificar diversas disposiciones en materia de adjudicación de bienes, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y contrataciones de prestación de servicios.
Así, las reformas permitirán una interpretación precisa y se entienda por “Sujetos de la Ley Contratantes”, a los entes de autoridad que celebren contratos derivados de los procedimientos convocados por la Oficialía Mayor; también especifica que las disposiciones de la Ley de Adquisiciones sean congruentes con los principios de la autonomía municipal, instituida por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante los micrófonos del recinto legislativo, la diputada Norma Adela Guel Saldívar invitó a sumarse a la propuesta planteada por la Comisión de Vigilancia, ya que las reformas contribuyen a dar mayor seguridad y transparencia en los procesos de licitación gubernamental para la adquisición de bienes o servicios.
La legisladora expresó que el dictamen no facilitará ni proporcionará “manga ancha” para proceder a la compra directa o adjudicación directa en las convocatorias públicas sino que por el contrario, pone candados adicionales para evitar discrecionalidad. También comentó que las modificaciones normativas cambia las referencias al salario mínimo por la nueva Unidad de Medida y Actualización, como parte de las acciones para la desindexación de la retribución base de los mexicanos.
Cabe hacer mención que el dictamen fue aprobado con 18 votos a favor de los representantes populares que se encontraban presentes, 3 manifestaciones en contra (diputados Sylvia Garfias, Martha Márquez y Leonardo Montañez) y la abstención del legislador Mario Alberto Álvarez Michaus.