Redacción
Con 335 votos a favor, 108 en contra y sin abstenciones, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron una reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, se excluyeron los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal, aunque se mantuvieron la extorsión, el contrabando y el uso de facturas falsas. La reforma también añade nuevas hipótesis sobre actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo.
La iniciativa, que modifica el artículo 19 de la Constitución, fue enviada al Senado para su análisis y posible aprobación. Fue presentada en febrero de este año por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y dictaminada por la anterior legislatura.
El dictamen solo admitió tres reservas propuestas por el diputado Ricardo Monreal, quien planteó eliminar el narcomenudeo y la defraudación fiscal del proyecto, además de ampliar las disposiciones relacionadas con los precursores químicos, especialmente el fentanilo. “Propuse excluir el narcomenudeo porque mis compañeros consideran que debe tener un tratamiento social para restaurar el tejido social, sobre todo en jóvenes”, explicó Monreal, quien también preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Monreal justificó la exclusión de la defraudación fiscal argumentando que su bancada busca “unidad nacional”. La defraudación fiscal es definida en el artículo 108 del Código Fiscal como cualquier acto que, mediante engaños, omita o disminuya el pago de contribuciones al fisco federal.
En cuanto a la inclusión de los delitos relacionados con el fentanilo y otros precursores químicos, Monreal aseguró que es “necesario” que el juez aplique prisión preventiva oficiosa en los casos de producción, transportación, almacenamiento y distribución de estas sustancias. “No queremos que los jueces liberen a los delincuentes por argucias técnico-jurídicas”, afirmó.
El dictamen establece prisión preventiva oficiosa en casos de extorsión, contrabando, uso de facturas falsas y actividades que faciliten el tráfico de fentanilo. Además, establece que los jueces deben interpretar literalmente el texto, sin recurrir a interpretaciones que modifiquen su aplicación.
El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico, mientras que los estados contarán con un año para adecuar sus leyes locales.