Redacción
La Cámara de Diputados aprobó con 352 votos a favor y 133 en contra modificaciones a la Ley Federal de Derechos que incrementan las cuotas y tarifas de diversos servicios públicos a partir de 2026, con las que el Gobierno federal prevé recaudar más de 157 mil millones de pesos.
El dictamen, turnado al Senado para su discusión, establece ajustes en trámites migratorios, museos, servicios financieros, telecomunicaciones y transporte aéreo, bajo el argumento de garantizar un uso más eficiente de los bienes del dominio público.
Entre los incrementos más significativos destacan los permisos para residentes temporales y permanentes, que aumentarán más del 100%, y un alza de 14.2% para visitantes sin permiso de trabajo. Se aplicará además un descuento del 50% en casos humanitarios.
Las entradas al Museo Nacional de Antropología, Teotihuacán y Chichén Itzá pasarán de 95.58 a 209.9 pesos, aunque los residentes nacionales y extranjeros con residencia en México pagarán la mitad.
También se crea un nuevo cobro de 297.89 pesos por autorización para abordar cruceros y de 294 pesos por la salida de menores al extranjero. Los servicios migratorios extraordinarios y los derechos aeronáuticos aumentarán entre 4.5% y 27%, mientras que los certificados fitosanitarios y permisos para aeródromos y helipuertos subirán más del 25%.
En materia financiera, se eleva 16% el cobro por servicios de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a bancos, casas de bolsa y fondos de inversión. Asimismo, se actualizan las tarifas por uso del espectro radioeléctrico, con la promesa de ampliar la cobertura de telecomunicaciones y radiodifusión.
La oposición acusó que los cambios implican nuevos impuestos disfrazados. “Aumentan los cobros migratorios, los derechos sanitarios, crean nuevas cuotas en telecomunicaciones y suben las entradas a museos, pero no hay inversión en seguridad, salud ni conectividad”, reclamó la diputada Noemí Luna, del PAN.
Andrés Cantú, del PRI, señaló que “en los hechos todo sube. Le cambian el nombre, dicen ajuste, revisión inflacionaria, pero es otra forma de meterle la mano al bolsillo a los mexicanos”.
Por Morena, la diputada Claudia Rivera defendió que la reforma busca “actualizar derechos, eliminar rezagos y fortalecer instituciones”, y aseguró que promueve descuentos a concesionarios que amplíen cobertura en zonas rurales para reducir la brecha digital.