Redacción
En un golpe de timón a la fiscalización pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició 31 expedientes de investigación que derivaron en la presentación de 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR). Las querellas corresponden a un presunto daño al erario público que supera los 600 millones de pesos e involucran formalmente a 30 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
Así lo informó Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF, al presentar el balance de sus primeros 100 días de gestión y realizar la entrega de los primeros informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2025.
El auditor superior destacó que la rapidez en la integración de estos casos obedece a las nuevas facultades de investigación directa otorgadas por la Cámara de Diputados y el Senado, las cuales eliminaron los prolongados plazos burocráticos del pasado. “Antes, un proceso de investigación nos llevaba cerca de dos o tres años tan solo para poder empezarlo”, explicó Hernández Palacios Cardel. Ahora, corresponderá a la FGR determinar la responsabilidad penal de los 30 funcionarios señalados.
Fiscalización a estados y municipios: Recuperación histórica
Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, Hernández Palacios detalló el avance de las auditorías en curso realizadas a las 32 entidades federativas y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El balance en materia de transferencias federales arroja resultados sin precedentes:
- 29,736 transferencias de recursos fueron verificadas exhaustivamente.
- 2,478 municipios y alcaldías fueron objeto de auditoría.
- Más de 300,000 millones de pesos fueron distribuidos de manera correcta.
- Solo 1.4 millones de pesos quedaron pendientes de aclarar en una sola entidad federativa.
El titular de la ASF subrayó que la intervención temprana del organismo permitió una recuperación inédita de fondos que no habían sido transferidos a diversos ayuntamientos, devolviendo el dinero a las haciendas locales antes de que concluyeran los procesos formales de auditoría.
Adiós a la fragmentación: Se implementa el modelo integral
Con el objetivo de adoptar las mejores prácticas internacionales, la ASF anunció el fin de las auditorías fragmentadas para dar paso a un modelo de auditoría integral. Este esquema permitirá al órgano fiscalizador revisar el 100% de los recursos ejercidos por una entidad pública, expandiendo de forma masiva su cobertura nacional.
Para este año, el programa contempla 2,244 auditorías (209 en el ámbito federal), logrando que, por primera vez en la historia, el 100% de las dependencias federales sean auditadas. Asimismo, se revisarán 1,733 entes públicos de todos los niveles y 1,276 municipios. Para asegurar una metodología estricta y homologada en más de la mitad de los ayuntamientos del país, la ASF concretó convenios de colaboración con 30 auditorías estatales.
Profesionalización obligatoria y guía para sancionar
La nueva estrategia de la ASF contempla un fuerte componente preventivo. A través de su centro de estudios, el organismo impulsará la capacitación obligatoria de quienes gestionan el erario. Para ello, este miércoles 1 de julio se instalará formalmente el Comité de Gestión de Competencias, el cual emitirá las primeras cinco certificaciones oficiales en materias clave como: cumplimiento normativo, control de riesgos, comprobación del gasto, contrataciones públicas y atención de observaciones.
Finalmente, para asegurar que los hallazgos tengan consecuencias legales firmes y no queden en la impunidad, la ASF diseñó la guía “Documentar para sancionar”. Este documento técnico busca homologar criterios y evidencias con los entes sancionadores y substanciadores, garantizando que cada irregularidad detectada se traduzca en una sanción real y efectiva.
Con información de Excélsior.
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