Redacción
Ciudad de México.- No hay evidencia de que damnificados de los sismos de 2017 y productores de leche y de café hayan recibido los apoyos prometidos. Tampoco hay sustento que demuestre que una parte del dinero destinado a las obras del malogrado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, hayan sido destinados para los fines presupuestados.
Estas y otras irregularidades constituyen un desfalco por casi 30 mil millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, daños patrimoniales que continúan sin denuncia y sin castigo.
De más de 700 expedientes abiertos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el mal uso de recursos públicos en 45 dependencias del sexenio pasado, ya se debieron haber presentado denuncias penales o administrativas o exigido el reembolso del dinero.
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Pero, de acuerdo con una revisión realizada por MILENIO a las bases de datos de la ASF, eso no ha ocurrido: 710 pliegos de observaciones, en los que se detallan presuntos daños patrimoniales, continúan “en seguimiento”, sin que se proceda a nuevas acciones.
Se trata de expedientes en los que se documentó el mal uso de 29 mil 978 millones 61 mil 714.62 pesos entre los años 2016 y 2018.
Sin embargo, a la fecha, no hay rastro de dónde quedó ese dinero.
Por el tiempo ya transcurrido, esos expedientes ya debieron haber evolucionado en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), informes de faltas administrativas o el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.
Entre el monto desfalcado se cuentan los más de 7 mil millones de pesos de recursos que tendrían que haberse destinado a los damnificados de los sismos del 2017 o los más de 6 mil millones de pesos de apoyos que debieron repartirse a campesinos o los casi 2 mil millones de pesos de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco.
En la lista de dependencias con irregularidades estancadas están también la Presidencia de la República, Diconsa, Liconsa, las secretarías de Agricultura, de Comunicaciones y Transportes, de Salud, de Hacienda, de Educación, la Comisión Federal de Electricidad, Caminos y Puentes Federales, entre otros.
Según información de la ASF, a la fecha no se ha promovido ningún fincamiento de responsabilidad resarcitoria de los años 2017 a 2021.
En materia de procedimientos penales, el más reciente informe de la ASF reporta que de la Cuenta Pública 2013 hay 22 denuncias penales contra instituciones del gobierno federal; de 2014, hay 24; 49, de 2015; 37, de 2016; 76, de 2017, y 32 de 2018.
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El próximo mes, antes del 20 de febrero, la ASF presentará nuevos resultados de auditorías realizadas al presupuesto ejercido en 2021, que se acumularán al rezago que arrastra el órgano fiscalizador.
La aparente lentitud de la ASF para proceder contra ese posible desfalco ya es un tema de preocupación en la Cámara de Diputados, pues se corre el riesgo de que el desvío de esos recursos prescriba y quede sin sanción.
En noviembre, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro pidió a la Comisión de Vigilancia de la ASF, encabezada por el diputado Pablo Angulo, un priista de Campeche, que elabore un diagnóstico del seguimiento que la ASF ha dado a ese tipo de expedientes iniciados entre 2010 y 2020.
De acuerdo con la ley, la ASF tiene 120 días hábiles, poco más de seis meses, para actuar después de que la dependencia haya contestado el pliego de observaciones emitido, el cual debe ser respondido a los 30 días de que el órgano fiscalizador se los hace llegar.
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El plazo para que se aclarara el uso de los recursos se cumplió durante 2019 y, a cuatro años, no hay ninguna denuncia por el caso.
Los plazos de los expedientes más recientes, de 2018, vencieron durante 2021 y a la fecha no se ha procedido contra ellos.
El viernes pasado, MILENIO buscó al director general de Difusión de la ASF, Carlos Amador Velasco Oliva, para solicitar una entrevista con el auditor superior David Colmenares y conocer la explicación de este aparente rezago en las acciones.
Sin embargo, a Velasco Oliva no se le pudo localizar en su oficina.
“Puede haber intencionalidad de que prescriban”
Por su parte, consultadas al respecto por MILENIO por separado, la ex auditora forense de la ASF, experta en investigación anticorrupción, Muna Dora Buchahin, y la diputada federal María Elena Pérez-Jaen, integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, coinciden en que los pliegos de observaciones de las auditorías a los recursos ejercidos entre 2016 y 2018 no deberían continuar paralizados.
Buchahin Abulhson acusó que hay una intencionalidad de que los actos prescriban para no sancionarlos.
“De acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Fiscalización, la ASF tiene 120 días para pronunciarse respecto de las respuestas que de aclaración hicieron los entes fiscalizados, sean para generar nuevas acciones como denuncias penales o el informe de Presunta Responsabilidad administrativa o declararlos solventados; si pasado ese tiempo no se realiza, se tendrán por solventados fictamente porque se les venció el tiempo de solventar o de pronunciamiento que la ASF debe de hacer respecto de las acciones determinadas”, dice la diputada Pérez-Jaen.
La ex auditora Buchahin consideró que, de atender el exhorto que hizo la Jucopo de la Cámara de Diputados en noviembre, la Unidad de Control y Evaluación (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la ASF podría hacer una revisión del estatus de todos esos expedientes.
“Probablemente se encontrará un cúmulo de acciones prescritas”, advierte Mura Dora Buchahin. De hecho, la prescripción se cumple a los cinco años del ejercicio de los recursos.
Tanto Buchahin como Pérez-Jaén sugieren revisar caso por caso y ambas estiman que las irregularidades de 2016 ya prescribieron y, seguramente, también las de 2017 y de 2018.
“Sus pliegos de observaciones en seguimiento no podrían estar así porque los entes fiscalizados tienen un plazo para poder comprobar, solventar o enviar las justificaciones que reconozcan, por lo que decir que todavía tienen de 2016, nos corrobora que se les están prescribiendo todas las acciones, absolutamente”, opina la ex auditora.
“No es normal que sigan en seguimiento porque cualquier sanción que pudiera haber en la conducta de los servidores públicos que propició el detrimento del patrimonio del Estado, corre el riesgo de prescribir la facultad del Estado para sancionar, aunque sí se pudiera resarcir en cinco años lo de 2018”, añade la legisladora federal.
Entre las razones del rezago y las eventuales prescripciones, Muna Dora Buchahin señala que son la negligencia y la intencionalidad.
Con información de Milenio Noticias
“Habría que hacer un análisis de cuáles son las acciones que se le están prescribiendo. Hay muchos casos de prescripción, muchos casos en los que la notificación se hace tarde −con todo el dolo− y es urgente una intervención… pero de alguien ético”, consideró.
https://www.milenio.com/politica/siguen-solventar-desfalco-30-mil-mdp-sexenio-pena-nieto