Francisco Espinosa
Aguascalientes, Ags.- Previo a una discusión que hace mucho no veía el pleno legislativo, al votar el tema de la eliminación del fuero político a servidores públicos en el estado, la cordura y el ambiente de acuerdos se planteó con la aprobación de la homologación a la constitución del estado tras la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto a nivel federal.
La iniciativa presentada por la diputada Martha Márquez Alvarado y avalada después por otra presentada por el gobernador Carlos Lozano de la Torre, obtuvo respuesta favorable y unánime en el pleno, dando un espaldarazo a la cultura de anticorrupción que en los últimos meses se ha instalado en el lenguaje colectivo de un país que aún tiene un largo camino que recorrer, pero que sin duda ha dado un paso fundamental al respecto.
“La corrupción, a través de los años, se ha venido presentando como una grave problemática que aqueja la administración pública de nuestro país”, señaló Márquez Alvarado, tomando cifras de Transparencia Mexicana al decir que “solo para trámites básicos, los hogares mexicanos destinan 32 mil millones de pesos al año (…) pagando sobornos para asuntos que van desde llevar un proceso ante el ministerio público hasta inscribir a un niño en la escuela”.
La panista lamentó que el panorama actual del país haya tenido que desencadenar que el Senado de la república aprobara con 97 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, la reforma constitucional que creó el SNA, “el cual brinda un nuevo andamiaje legal para prevenir, investigar y sancionar la corrupción de toda la administración pública, los tres niveles de gobierno y castiga las conductas ilegales de particulares”.
Informó que con este nuevo sistema, se reincorpora el Tribunal Contencioso Administrativo en el estado para que sea un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. “La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública”, aseveró.
Por último, precisó que las nuevas ventajas incluyen una ampliación en el marco regulatorio en relación con la responsabilidad de servidores públicos, la creación de un nuevo comité que pueda emitir recomendaciones a las autoridades, “con el objeto de que adopten medidas institucionales dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción”, finalizó.